Tras casi dos meses de los hechos violentos ocurridos en el municipio de Nochixtlán, quedan incógnitas como quién ordenó el operativo de desalojo contra los maestros que acabó con ocho muertos, destacó este viernes Mariana Gómez del Campo, senadora que encabeza la Comisión de Seguimiento al Caso.
«Quién ordenó que se realizara este operativo en el día domingo lo seguimos preguntando, sabiendo que en Nochixtlán era domingo de plaza (de mercado), en el que baja gente de otros pueblos», dijo a Imagen Radio la senadora.
En la tragedia, ocurrida en el estado de Oaxaca el 19 de junio en el marco de las protestas de los maestros contrarios a la reforma educativa de 2013, murieron ocho personas, según la cifra oficial de la fiscalía, y hubo un centenar de heridos.
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A pesar de esto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) considera que fueron once los muertos directos e indirectos de la reyerta.
Según la información que la Procuraduría General de la República (PGR) entregó el pasado jueves a la Comisión Especial, conformada por diputados y senadores, hasta el momento se han realizado 249 entrevistas a mandos policiales y servidores públicos estatales y federales que acordaron y realizaron el operativo.
La presidenta de la Comisión Especial afirmó que la PGR -que atrajo el caso en julio- tiene en su haber la «mayoría» de los proyectiles extraídos de los cuerpos de las personas que murieron durante los hechos violentos.
Además, aseguró, se están realizando estudios periciales a armas de seis policías estatales, quienes portaban un total de once artefactos de fuego, a 32 elementos de la gendarmería, quienes llevaban 54 armas, y a 24 integrantes de la división vial de la policía estatal, con 24 armas ese día.
Gómez del Campo detalló que, según la confirmación de la PGR, «hubo civiles que portaban armas de fuego» en los disturbios, porque se descubrieron dos orificios en helicópteros de la Policía que fueron causados por el impacto de armas de fuego.
Afirmó que la Comisión Especial cuestiona el tema de cuántas personas había en Nochixtlán ajenas a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes realizaban el bloqueo.
«Gobernación nos dijo que había entre tres y siete organizaciones civiles que no tenían nada que ver con el movimiento magisterial (…) Esta es una línea de investigación», mencionó la senadora.
Asimismo, Gómez del Campo expresó su preocupación por el hecho de que «ninguna persona (de entre los afectados) ha presentado su denuncia hasta el momento» de manera oficial.
No obstante, dijo ignorar si las víctimas han interpuesto una denuncia ante la CNDH.
«Hay mucho miedo» entre los afectados por posible represalias contra quienes declaren, enfatizó la senadora.
Por otra parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, indicó a Radio Fórmula que, si bien la PGR todavía no ha tenido presencia física en Nochixtlán, «ha habido acuerdos que han permitido avanzar en la investigación mediante otras diligencias».
Indicó que hoy mantendrá una reunión con el pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para concretar la fórmula con la que se pueda realizar los reembolsos correspondientes, para cubrir aspectos como gastos funerarios, de transporte o médicos.
Campa estimó que los recursos que estarían destinados a estos reembolsos alcanzarían un monto de 4.5 millones de pesos (247 mil dólares).
