¿Qué acciones se deben tomar para resolver y no alargar más el conflicto con la CNTE? ¿Se deben terminar de cualquier forma?

Por Opinión semanal

Mariana Gómez del Campo, PAN

El conflicto con la CNTE debe llegar a su fin. Las afectaciones a la vida de millones de mexicanos son demasiadas y se está vulnerando el derecho a la educación de al menos 800 mil alumnos de educación básica, sólo en Oaxaca. A tres meses de haber iniciado las movilizaciones de la CNTE, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) reporta pérdidas de más de 4 mil millones de pesos y el cierre de más de 2 mil 500 negocios en ese estado. 

La comunidad empresarial ha mostrado tal descontento que, durante la semana pasada, miles de empresarios realizaron un paro total de labores en la capital, con la intención de presionar al gobierno federal para que actúe, dé solución al conflicto y se terminen las movilizaciones que impiden el tránsito carretero y la vida normal en el estado. Por supuesto que no pretendemos que se criminalice el derecho a manifestarse de la CNTE, lo que debe privilegiarse es el bien común porque el derecho de unos no puede estar por encima del de otros. 

El gobierno federal parece no tener rumbo ante el conflicto. Primero, fue la SEP la que tensó la situación al grado en que el Secretario de Educación dejó de ser un interlocutor con esa parte del magisterio; después tuvo que intervenir la Segob para establecer una mesa de diálogo, más tarde vino el discurso duro de la Segob en la que se señaló que “se agotaba el tiempo”; ahora vemos que se han dado liberaciones de líderes de la CNTE que se encontraban presos pero no hemos visto que ninguna de estas acciones hayan rendido frutos. Se afectó la celebración de la Guelaguetza con pérdidas millonarias, siguen siendo tomadas carreteras del país y vías ferroviarias vitales para la operación industrial como es la que conecta al Puerto Lázaro Cárdenas, se ha generado desabasto de alimentos y medicinas en comunidades enteras, la inflación ha repuntado y se cumplen ya 94 días de paro magisterial con lo que peligra el inicio del ciclo escolar.

Esta situación crítica debe terminar, tampoco debe permitirse que el Estado de Derecho se vulnere ya que –como lo han señalado las Cámaras Empresariales- se está difundiendo la percepción de que el interés nacional puede supeditarse a intereses gremiales. Nos gustaría saber con claridad quienes están detrás del movimiento magisterial ya que muchas de las demandas más que educativas son políticas. Sería importante conocer si es que hay actores políticos que pretenden beneficiarse del caos, de la inestabilidad y del amago a las instituciones. 

La respuesta del gobierno siempre debe ser por la vía pacífica e institucional. Es en aras de la credibilidad y la legitimidad social de las instituciones del Estado que la solución radica en el diálogo efectivo con la CNTE en torno no a lo establecido en la reforma educativa –que ya es ley y debe cumplirse por el bien de nuestros niños y de la calidad de su educación- sino en las vías administrativas para su aplicación.  

Desde el Congreso hacemos un llamado a no ejercer el uso de la violencia con fines de contención, sino a que el diálogo sea eficaz y que, para que dé resultados, ambas partes aporten voluntad e interés. Lo menos deseable es que las mesas de diálogo se eternicen o que se apueste a una estrategia de desgaste.

 

Marcela Guerra, PRI

El gobierno federal ha tenido una actuación de abierto diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El propio secretario Miguel Ángel Osorio Chong ha intervenido con el objetivo de lograr acuerdos para acabar con las movilizaciones, los paros de laborales y la violencia en algunos estados.

Es vigente el discurso de los secretarios de Educación y Gobernación e incluso del presidente Peña Nieto, de que la “ley no se negocia”, la reforma educativa de ninguna manera se echará para atrás.

El diálogo entre la Segob y la CNTE por supuesto que se aplaude. Los encuentros que se han realizado servirán para encontrar coincidencias y soluciones para poner fin a las inconformidades. Las autoridades tienen que dejar en claro que se escuchará a los maestros, pero también que la reforma educativa no se echará abajo. Sería injusto para todos aquellos maestros que han aceptado con beneplácito la reforma y que se han sometido a las evaluaciones. 

No todas las demandas del movimiento magisterial son exageradas. Sabemos que en México muchos maestros son mal remunerados, no tienen prestaciones y carecen de capacitación; peor aún, que imparten clases en condiciones de precariedad o que ponen dinero de su bolsa para comprar gises, pizarrones u otros materiales educativos. Esta es una triste realidad en las escuelas del sur del país, en las zonas urbanas marginales y las comunidades indígenas. 

¿Quién podría oponerse a estas legítimas demandas? Creo que nadie. Las autoridades no lo han hecho. Por ello es que los maestros inconformes tienen que moderar sus posturas y privilegiar la negociación por encima del encono y sumarse a la discusión nacional en torno a la construcción del “Nuevo Modelo Educativo”. Aquí tendrán la oportunidad de expresar sus demandas, inquietudes y opiniones para mejorar la educación de sus estados.

La postura del todo o nada no lleva a ninguna parte. En el estado de Chiapas y Oaxaca miles de niños, durante dos meses, se quedaron sin clases. El próximo ciclo escolar no puede iniciar con escuelas cerradas, tiene que caber la razón y el diálogo, el futuro de nuestra niñez y su derecho de acceder a una educación de calidad así lo demandan.

La disposición al diálogo de las autoridades no puede ponerse en duda. Una comisión de legisladores hemos celebrado reuniones con los líderes magisteriales. Hemos escuchado sus demandas y en la medida de lo posible las canalizaremos y seremos una voz plural para mejorar la reforma educativa. 

Por el bien de México, del Estado de derecho y, sobre todas las cosas, de todos los alumnos, espero que en los siguientes días se ponga fin al drama educativo de la CNTE. De lo contrario, estaremos en la antesala de perder la oportunidad de encausar la reforma educativa y, aún más grave, de poner en entre dicho todo lo bueno que se ha logrado hasta ahora en 28 estados de la República.

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