La opacidad de México durante la instrumentalización del Principio 10

Por FUNDAR

México está participando junto con otros países, en la negociación de un instrumento jurídico internacional en materia medioambiental, con el fin de adoptar un acuerdo regional que instrumentalice el Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo en América Latina, y en el que se establece la garantía del derecho de acceso a la Información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en asunto medioambientales. 

 

En este proceso de negociación se busca lograr un acuerdo regional que facilite la implementación de estos derechos con el fin de maximizarlos, y México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores  y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales participa en este proceso. 

 

En noviembre de 2014 los países dieron inicio a la fase de negociación del acuerdo regional, con miras a concluir su labor a más tardar en diciembre de 2016. Uno de los compromisos adoptados entre los países parte es que este proceso se caracterizara por ser transparente, público y participativo, mediante i) la publicidad de las propuestas de texto que los países participantes que realizan mediante un documento preliminar del acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe y ii) la construcción del acuerdo regional mediante la participación ciudadana. 

 

En materia ambiental es fundamental que las autoridades gubernamentales compartan información  que favorezca la rendición de cuentas e incremente el grado de corresponsabilidad a través de la participación ciudadana en la toma de decisiones para la protección del medio ambiente.  Pese a que se trata de una negociación internacional, no podemos olvidar que el objetivo es maximizar la garantía de los derechos humanos enfocados en materia medioambiental, lo que vuelve a la información de interés público. 

 

Sin embargo, México no ha mostrado interés en cumplir con estos compromisos, a pesar de que otros países parte ya lo han hecho, y por el contrario, ha mostrado resistencias para informar sobre el proceso de instrumentalización del Principio 10. 

 

1) No ha publicado en el miscrositio de internet habilitado por el Comité de Negociación, sus propuestas de texto al documento preliminar del acuerdo regional.  

 

2) Ha negado el acceso a la información sobre los insumos informativos que recabó de otras dependencias medioambientales de la Administración Pública Federal (como la PROFEPA, CDI, SECTUR etc.), como apoyo para establecer una postura preliminar en el proceso de negociación, bajo argumentos de que la información contiene datos de carácter estratégico, y que pueden minar la capacidad negociadora de nuestro país y por consiguiente dañar su imagen.

 

3) Ha limita el ejercicio de participación ciudadana en el proceso al no proporcionado información de manera oportuna.

 

Resulta incongruente que México niegue el acceso a la información y limite la participación ciudadana en un acuerdo que precisamente busca maximizar  el derecho de acceso a la información y participación ciudadana, en materia ambiental. Además de que contradice el espíritu del mismo Principio 10 que reconoce a la participación ciudadana como el mejor modo de tratar y tomar  decisiones en las  cuestiones ambientales, con el fin de mejorar nuestra calidad de vida.

 

Nos encontramos a pocos meses de que termine dicha negociación, incluso a partir del 09 y hasta el 12 de agosto de este año se realizará una nueva reunión para tomar acuerdos. Y México continúa adoptando una postura que se resiste a permitir el acceso a la información de este proceso, lo que consecuentemente limita la participación ciudadana en la construcción del instrumento. 

 

Si el proceso de negociación finaliza sin que sepamos previamente qué tipo de acuerdos se toman a diciembre de 2016, sólo nos queda esperar y observar si la SRE y la SEMARNAT, que representan al gobierno mexicano en la negociación, tomaron decisiones que efectivamente garantizarán el derecho humano a un medio ambiente sano. 

 

 

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