Sugieren que se gasta más en presos que en universitarios

Por cada persona que tenemos injustamente en la prisión dejamos a un estudiante sin posibilidad de ir a la escuela, dice especialista

Por El Informador

El senador panista Roberto Gil Zuarth afirmó que en México, un preso que cumple una condena por un delito relacionado con el consumo o la portación de la mariguana cuesta más que un estudiante. Mensualmente, el Gobierno desembolsa por un reo seis mil 400 pesos, mientras que por un alumno universitario cuatro mil 900.

Durante la presentación de la ponencia “El problema de las drogas. A revisión”, que se realizó en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara (UdeG), organizada por el Aspen Institute Sede Jalisco, el legislador señaló que en 2012, seis de cada 10 reclusos que estaban en los centros penitenciarios por delitos contra la salud fueron sentenciados por portar o consumir cannabis.

“Por cada persona que tenemos injustamente en la prisión dejamos a un estudiante sin posibilidad de ir a la escuela. En consecuencia, si cambiamos la ecuación de la mariguana, no solamente despresurizamos las cárceles sino que también nos ahorramos bastante dinero”.

Aseguró que ocho de cada 10 mujeres encarceladas están relacionadas por delitos contra la salud, específicamente con el transporte de cantidades bajas de mariguana. De éstas, la mayoría son madres solteras que no portaban armas al momento de ser detenidas.

Resaltó que la política prohibicionista que persigue y castiga desde el derecho penal la oferta y el consumo de la mariguana falló y es necesaria una regulación que disminuya sus costos: la violencia, el encarcelamiento de consumidores, las violaciones de derechos humanos, la debilidad institucional y el gasto irracional en la “guerra” contra el narcotráfico.

Destacó que la regulación que propuso a través de la iniciativa de Ley General para el Control de la Cannabis podría disminuir y controlar el efecto psicotrópico del producto y permitir la inyección de recursos para atender otras problemáticas sociales. “No solamente hay más consumidores de otras drogas, sino también más consumidores de mariguana. No tiene nada que ver con las políticas de adicciones, porque hemos aumentado notablemente el gasto en prevención y no ha disminuido propiamente la adicción”.

CONTRA EL “MERCADO NEGRO”

La propuesta del senador panista va por acabar con el “mercado negro” y regularlo. En su opinión, México puede cambiar la lógica actual de que un “poco competitivo y muy violento” mercado de la mariguana siga impactando de manera negativa la realidad del país.

No sólo eso. Expuso que México tiene una oportunidad latente de exportación del producto, que bien podría quedarse en el tintero si no aprovecha la coyuntura actual y permite que Estados Unidos regule y consuma únicamente sus plantas.

Propuso la creación de un Instituto Mexicano de la Cannabis, que fungirá como un órgano regulador que vea tanto por el tamaño del mercado, como por el control del precio de la oferta y la demanda. Su misión también sería llevar una estadística de consumo y mejorar la calidad del producto.

Durante su ponencia, explicó su iniciativa de ley para regular el mercado de la mariguana en 10 puntos. Entre éstos, las secuelas de la “guerra” contra las drogas, la necesidad de implementar una política fiscal para que los costos también desincentiven el consumo y el hecho de que no todas las drogas tienen el mismo impacto a la salud y, por ende, deben tratarse de manera distinta.

Concluyó que el peor escenario es permitir que las drogas se regulen como los casinos: con amparos o resoluciones judiciales e informalidad. Por ello defendió que su iniciativa va por la despenalización del consumo personal, permite hasta seis plantas por casa y la obligación de incluirse en un registro para llevar el control estadístico.

Proponen una tercera alternativa regulatoria

El senador Roberto Gil afirmó que si su iniciativa o la del Presidente Enrique Peña Nietono tienen avance en un plazo corto, una alternativa podría ser que desde la Ley General de Salud se construya una regla de distribución de competencias que permita a los Congresos estatales generar un modelo de regulación con un marco de referencia federal.

“De tal suerte que generemos pequeños laboratorios estatales, que permitamos que algunas sociedades que tienen un apoyo mayoritario a este tipo de posiciones, o bien, que por razones de contexto tendrían buenas razones para avanzar hacia un modelo regulatorio alternativo, como Baja California, puedan irnos generando información, pedagogías para generar un modelo regulatorio alternativo a la política de prohibición”.

Resaltó que si se discutiera esta propuesta, una de las alternativas sería el monopolio público. “Un actor que concentre la comercialización y la producción. O hay modelos como los de Estados Unidos en los cuales se permite la autoproducción, clubes cannábicos. Hay distintos tipos de regulación, lo que tenemos que empezar a abrir es la conversación sobre la eficacia relativa de cada uno de los modelos”.

Acentuó que actualmente su iniciativa y la de Peña Nieto se encuentran en comisiones en el Senado. Dijo que al final del periodo de sesiones anterior se elaboró un dictamen que no logró su discusión en el pleno. Sin embargo, destacó que los legisladores discutirán otra versión en cuanto regresen.

“¿Qué expectativas hay de aprobación? Yo soy optimista de que hay condiciones, siempre y cuando racionalicemos este problema y nos apartemos de las posiciones políticas”.
El panista aseguró que actualmente el Estado mexicano es testigo de los peores efectos que provocó la política prohibicionista que implementó desde el Siglo XX.

“No hay ningún escenario peor al que tenemos: gente en prisiones, consumidores pagando largas penas en prisión, familias rotas, mucho dinero invertido en la persecución de vendedores y de consumidores y la violencia que gravita en nuestra convivencia”.

LOS PANELISTAS

• Cambiar enfoques, la estrategia correcta

Juan Ramón de la Fuente,  presidente del Aspen Institute México y ex secretario de Salud

Para el presidente del Aspen Institute México, el enunciado es claro: cambiar el enfoque y pasar de un modelo de atención criminal a uno de salud.

Afirmó que esa propuesta está bien sustentada por la realidad del país. “No sé dónde está la resistencia que se ha encontrado para este planteamiento”, se preguntó.

También pidió a los legisladores federales despojarse de “dogmas, creencias y temores infundados”, y trabajar en la regulación de la mariguana. “Reconocer que lo que hacemos, aunque pueda parecer políticamente correcto, ha sido un fracaso absoluto y total”.

El ex secretario de Salud aplaudió la iniciativa del senador Roberto Gil, que en su opinión está “bien fundada” y puede convertirse en “el inicio de un gran cambio” que ya se ha visto en otros países. En ese sentido, habló del caso de Portugal, que en los 15 años que legalizó la mariguana no ha disparado sus indicadores de consumo. “Lo que sí ha mejorado es la reinserción social: allá son tribunales de salud y no agencias del Ministerio Público”.

Las drogas, apuntó, siempre van a estar cercanas a la sociedad. Así ha sido siempre y así será. Por eso se pronunció a favor de lidiar con éstas de manera racional y siempre basándose en la evidencia científica.

“Lo que nos horroriza es que casi no se habla del daño que causan a la salud sino de sus efectos colaterales por la ‘guerra’ contra las drogas”. No obstante, concluyó que no pueden regularizarse todas las drogas al mismo tiempo. Hacerlo con la mariguana (y analizar su resultado) podría ser el parteaguas para grandes cambios.

• México debe tomar decisiones propias

Jorge Castañeda Gutman,  ex secretario de Relaciones Exteriores

Las muertes de mexicanos provocadas durante la estrategia que pretende impedir el trasiego de drogas desde el Sur del Continente hacia Estados Unidos “no sirvieron absolutamente de nada”. Jorge Castañeda expuso que los “300 mil muertos” acumulados desde la “guerra” contra el narco (desde con Vicente Fox) le dan a México la “calidad moral para tomar sus propias decisiones”.

Durante su ponencia, criticó que se utilizaran recursos mexicanos para detener cargamentos de drogas por vía marítima hacia la Unión Americana. “Porque tengo entendido que esa intercepción cuesta una gran cantidad de dinero. Avionetas, radar, lanchas, marinos… Y aquí no ha aumentado el consumo de cocaína, no viene a ser vendida en México”.
Expuso que la producción de cocaína desde Colombia se ha duplicado, pero esas cifras no impactan en territorio mexicano. Y se sinceró al respecto: “México tiene una enorme autoridad moral, después de 300 mil muertos, para decir (a los Estados Unidos): ‘No sirve de nada, se acabó y háganle como quieran. Sus barcos, lanchas y soldados mándenlos a las Costas de su lado de la frontera. Nosotros lo hicimos y vimos que no sirve de nada’”.

Concluyó que tampoco el país vecino cuenta con calidad moral para exigir a México que siga interceptando drogas, cuando hay iniciativas encaminadas a la legalización de éstas en puerta. “En el tribunal de la opinión pública, no tienen cara o canicas para decir que sigamos interceptando. Legalicemos la mariguana en el país y hagámonos tontos con lo demás: que (la droga) pase a los Estados Unidos y que pase lo que tenga que pasar”.

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