El PRD en el Senado anunció que sus 19 integrantes renunciarán a su fuero la próxima semana, luego de que el coordinador del Sol Azteca, Miguel Barbosa, presentara una iniciativa de reforma constitucional para eliminar esa figura que impide que sean sometidos a juicio penal.
En el marco de la sesión ordinaria y en tribuna, Barbosa expuso que dicha propuesta obedece a que el fuero o inmunidad procesal se ha convertido en un incentivo constante para la corrupción, más que en un medio legítimo para proteger a la función pública.
Por ello, planteó, se debe sujetar a todo servidor público al principio de igualdad ante la ley, ya que la inmunidad procesal de la que gozan altos funcionarios públicos federales, mejor conocida como fuero, impide que sean sometidos a proceso penal si no se cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados, bajo la motivación “de proteger el ejercicio del cargo”.
Para Barbosa Huerta este “desvío institucional” es justamente uno de los factores que más daña la vida republicana y la legitimidad del sistema democrático.
El diseño propuesto, dijo, garantizaría la sujeción sin restricciones de un proceso judicial que concluya con una resolución de condena o absolución, e incluso, una vez que la resolución condenatoria correspondiente se convierta en “cosa juzgada”.
El líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado planteó que “considerando la alta responsabilidad pública de que el sentenciado defraudó, no se podrá beneficiar de “la gracia del indulto”.
Explicó que el proceso de juicio político iniciaría con la acusación en formato abierto que presente cualquier persona física o moral de nacionalidad mexicana ante la Cámara de Diputados, es decir, estamos dando capacidad a las personas morales de exigir esa responsabilidad.
A la vez, se releva de la carga de la prueba al denunciante, pues correspondería a los diputados investigar en un plazo de 30 días hábiles los hechos que motivan la acusación.
Si existen motivos para separar del cargo al servidor público acusado, la Cámara de Diputados por votación de la mayoría de sus miembros presentes, podría decidir si respalda la acusación de inicio del proceso y en tal caso la remitirá al Senado.
Una vez que se reciba la acusación de la Cámara de Diputados, el Senado de la República, sin mediar más trámite, citaría a sesión dentro de los cinco días siguientes, con el único propósito de otorgar audiencia al acusado.
Enseguida, el Senado citaría dentro de los 15 días siguientes a una nueva sesión en la que el pleno se erigirá en jurado de sentencia y ante la presencia del acusado determinaría mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, si ha lugar a separarlo del cargo, planteó.
Señaló que buscan dotar de una nueva vida a una figura que por su diseño legal ha resultado estéril e inocua. “Tenemos que reconocer que no ha sido la falta de oportunidad o la estricta rectitud con que se han conducido todos nuestros servidores públicos”, lo que ha evitado la aplicación de esta figura.
