No hay un linchamiento del PRI contra Javier Duarte: Ochoa Reza

Los militantes del PRI decidirán si el gobernador de Veracruz se hace acreedor a la suspensión de derechos partidarios, la pérdida de la militancia o la expulsión definitiva

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Esta tarde la Comisión Nacional de Justicia Partidaria sesionará para hacer un análisis sobre diversas solicitudes contra el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, confirmó el senador Arturo Zamora Jiménez. 

En entrevista con Óscar Mario Beteta, el senador del PRI señaló que el Código de Justicia Partidario establece varias sanciones, entre ellas, la suspensión de derechos partidarios, la pérdida de la militancia y la expulsión definitiva.

“Es el proceso que se sigue en este tipo de casos, para quienes tienen determinadas actividades en la función pública, tanto de funcionarios federales como locales, que hacen uso de recursos de carácter federal”.

Detalló que una vez agotadas las actividades de la comisión, la parte acusadora deberá comparecer de igual forma, para someter a votación en el pleno de la Cámara de Diputados la comparecencia de Javier Duarte. 

Por su parte, el presidente del PRI, Enrique Ochoa, aseguró en entrevista con Radio Fórmula,  que no hay un linchamiento del PRI contra Javier Duarte

“Hay tres elementos fundamentales que analizar en casos como estos, primero, seamos los priistas los primeros garantes en la transparencia y rendición de cuentas de nuestros propios gobiernos; en segundo lugar tenemos que ser también muy puntuales en señalar los actos de corrupción de otros partidos políticos.

“Pero en tercer lugar, en aquellos casos, cuando las acusaciones sean falsas y cuando se presenten pruebas que no son veraces, en consecuencia también el partido tiene que defender la buena reputación de los militantes que falsamente han sido señalados”, señaló.

Ochoa dijo creer en el respeto a los derechos procesales y que, por esa misma razón, ha impulsado en el PRI procesos ante la Suprema Corte y ante el Senado de la República, para acelerar la impartición de justicia, respetando derechos procesales, pero también cumpliéndole a los ciudadanos el cumplir con un reclamo de transparencia y rendición de cuentas.

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