Siete organizaciones de la sociedad civil lanzaron un observatorio ciudadano para vigilar las políticas ambientales y de calidad del aire implementadas en la Ciudad de México y el resto del país, con el objetivo de detectar rezagos y proponer ideas que lleven a mejorar la calidad del aire.
La vigilancia se enfocará en tres ejes principales: redes de monitoreo; normatividad en materia ambiental y políticas de gestión vehicular y del territorio o desarrollo urbano, explicó Stephan Brodziak, coordinador de calidad del aire de El Poder del Consumidor.
Las organizaciones que integrarán el observatorio son el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda); Bicitekas; Fundación Tláloc; El Poder del Consumidor; Greenpeace; el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) y el Mexicano para la Competitividad (IMCO).
En conferencia de prensa Brodziak detalló que el observatorio recaudará los estudios que han realizado los organizaciones que lo integran para poder generar propuestas de mejora de calidad del aire más amplias y sustentadas en evidencia científica actualizada.
“Se trata de tener un protocolo de seguimiento a las políticas públicas en un juego de dos bandas: por un lado tenemos claramente que hay una responsabilidad a nivel federal, sobre todo con respecto al marco normativo y actualización de normas, y también hay una parte de gestión local”, dijo.
En ese sentido se criticó el rezago en la publicación de una Ley General de Gestión de Calidad del Aire; de la Estrategia Nacional de Calidad del Aire y del Programa ProAire a nivel de la Megalópolis.
Áreas de vigilancia
El Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire se encargará de vigilar el tema del monitoreo de la contaminación, pues no todas las zonas metropolitanas del país cuentan con estaciones para medir los niveles de contaminación, y la más avanzada es la Ciudad de México.
“En el país actualmente se cuenta con 22 redes de monitoreo, pero existen más de 34 zonas urbanas que, de acuerdo a las normativas y leyes, deberían contar con una red de monitoreo y alertar a la población sobre la calidad del aire”.
En materia de normatividad pugnarán por la publicación de la norma técnica de medición de particulas PM2.5 y PM10, las más dañinas para la salud; además del Índice Nacional de Calidad del Aire y Riesgos Para la Salud, pues los indicadores de medición varían de una zona urbana a otra.
Pedirán la actualización de algunas normas, para hacerlas más estrictas, como la NOM-044, que regula emisiones de contaminantes de vehículos pesados, cuyo proceso de actualización inició en 2014 y no ha concluido.
También la NOM-042, que regula emisiones de contaminantes de vehículos ligeros, la cual no ha sido actualizado en 10 años. Entre otras cosas.
En gestión vehicular y del territorio buscarán revertir la tendencia presupuestaria de beneficiar más la infraestructura para el automóvil y marginar la inversión en transporte público y movilidad no motorizada.
Vigilarán la implementación de Sistemas Integrados de Transporte Público como una de las estrategias más efectivas para descender los niveles de contaminación, de saturación vial y de recuperación del espacio público.
En ese sentido promoverán políticas para desincentivar el uso del automóvil y favorecer el transporte público, como cobros por congestión mediante el cual se puedan recaudar recursos para invertirlos en la mejora y ampliación del transporte.
