El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de Gobernación (Segob) dar a conocer los acuerdos con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en las reuniones hechas a puerta cerrada el 22 y el 27 de junio.
El INAI resolvió este martes que la dependencia debe proporcionar las minutas, audios o transcripciones de lo que se discutió en dichas reuniones.
“Se instruye a la Segob para que, en un plazo no mayor de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su notificación, cumpla con lo ordenado en la presente resolución”, señaló el acuerdo del INAI.
La resolución se aplicó debido a que una persona solicitó a Gobernación dar a conocer los acuerdos con la CNTE, por lo que la dependencia le entregó fotos de las reuniones y versiones estenográficas de las ruedas de prensa que ofreció el secretario Miguel Ángel Osorio tras cada encuentro.
El solicitante consideró que su petición de información no fue atendida como debió serlo, así que recurrió al INAI.
“Resulta fundado el agravio de la particular y se instruye a la Segob a que realice una nueva búsqueda, en las unidades administrativas competentes, sin dejar de lado la Oficina del Secretario de Gobernación, la Subsecretaría de Gobierno y la Dirección de Comunicación Social”, establece la resolución.
Por otro lado, el INAI ordenó al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) dar a conocer los gastos de los recursos que obtiene por medio de las cuotas de los agremiados.
A propuesta del comisionado Óscar Guerra, el Instituto determinó por unanimidad, que si bien los recursos no son públicos, el SNTE debe transparentar en qué gastó las cuotas sindicales de 2013 a la fecha.
El Sindicato rechazó responder la petición de información que le demandaban a su área de finanzas, debido a que que la Ley General de Transparencia sólo obliga a los sindicatos a rendir cuentas por el uso de recursos públicos, y que en este caso se trata de recursos privados.
Ante esto, Guerra propuso revocar esta respuesta debido a que se detectó que el gremio también omitió informar sobre el uso de recursos públicos que le otorgó el gobierno federal en 2013 para la difusión de la reforma educativa.
