Al menos 70 por ciento de los cuerpos de agua dulce están contaminados, situación que ha detonado parte de la crisis hídrica en México, advirtió el coordinador de la campaña de Tóxicos de Greenpeace México, Miguel Soto Treviño.
Al participar en la Novena Audiencia Pública del Tribunal Latinoamericano del Agua, el ambientalista acotó que en el país hay un grave problema de sequías, disponibilidad y saneamiento del líquido vital.
Señaló que muchos de estos inconvenientes son también parte de la contaminación proveniente de las sustancias tóxicas del sector industrial, en particular del agroindustrial, ya que carecen de una regulación.
Además, dijo, en la nación existen políticas públicas orientadas a fomentar el uso de agrotóxicos que pueden ser remplazados por técnicas amigables con el medio ambiente.
A su vez, el presidente del Tribunal Latinoamericano del Agua, Javier Bogantes Díaz, aseguró que el agua contaminada y el desabasto son también causa de las llamadas enfermedades hídricas, como la hepatitis y tifoidea.
Cada año, indicó, los Estados destinan millones de dólares para atender afecciones de este tipo por su falta de preocupación, lo cual podría evitarse al dar acceso al agua potable.
Aseguró que la seguridad hídrica está además perdiéndose en diversos países de América Latina porque la población depende en gran medida del agua embotellada. “En algunas ciudades de México, por ejemplo, los ciudadanos no confían en el líquido proveniente de la tubería porque piensan que está en riesgo su salud”.
Refirió que el agua debe verse como un derecho humano o bien social y no como un bien mercantil, como ocurre hoy en día. “Esto impide proteger algo que es fundamental: el acceso al agua para toda la población”.
Ante ello, Soto Treviño argumentó que diversas organizaciones no gubernamentales hicieron una propuesta para la iniciativa ciudadana de la Ley General de Aguas y, en ella, planteó que el agua destinada al uso personal y/o doméstica debe ser saludable y cumplir criterios de calidad.
Argumentó que lo anterior debe estar enfocado a la prevención de enfermedades gastrointestinales y las consideradas crónico-degenerativas. “Hay casos en Sonora, Jalisco y Veracruz, por ejemplo, donde la calidad del agua no se mide de forma adecuada”.
Subrayó que el agua de uso humano no debe contener microorganismos, sustancias químicas o radiactivas, cuya concentración representa un peligro para la salud de las personas.
Propuso que las aguas residuales, derivadas de los asentamientos urbanos, actividades industriales, minería y agroindustria, deberán someterse a un tratamiento para cumplir con las condiciones necesarias para impedir que afecta el caudal ecológico y la salud de las personas.
Javier Bogantes Díaz comentó que en países como El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica y México hay tensión porque discuten leyes para “privatizar aún más el acceso y abasto del agua”.
El presidente de dicho organismo consideró que si bien una ley es una guía para mejorar la calidad del agua, ésta no solucionará los problemas en América Latina respecto al consumo.
Ello porque, acentuó, los Estados están dejando el abastecimiento del agua de la población en manos de las embotelladoras. “Es algo que perjudica en gran medida a las poblaciones más vulnerables”.
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