"Aportación voluntaria", forma de intimidar a pasajeros de microbuses

No es robo ni extorsión, tampoco es una amenaza o daño moral, y aunque tiene componentes de todos estos delitos, no está tipificado como un crimen

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No es robo ni extorsión, tampoco es una amenaza o daño moral, y aunque tiene componentes de todos estos delitos, no está tipificado como un crimen: se trata de las “dádivas” que exigen supuestos ex presidiarios a usuarios del transporte público en la Ciudad de México y área metropolitana.

 
Sus protagonistas son conocedores de la jerga “canera” (carcelaria) y la refuerzan con una indumentaria ad hoc para causar impresión en los pasajeros, dejando lucir sus tatuajes o cicatrices que confirman su paso por la cárcel, además de un lenguaje corporal que diga lo que verbalmente no pueden decir. El resultado: una aportación “voluntaria” por parte de los pasajeros.
 
De acuerdo con fuentes del Gobierno capitalino, que prefirieron guardar su identidad, el fenómeno no ha pasado desapercibido para las autoridades, aunque reconocen que no hay ninguna ley dentro de los distintos códigos locales y federales que sancionen dichas conductas, ya que es bastante subjetiva, y los pasajeros la interpretan de acuerdo con sus normas morales, prejuicios y fobias.
 
Reconocieron que la mayoría de estas personas sí estuvo en el reclusorio, pues como dicta la filosofía popular, “la cárcel es la escuela del crimen”, y los pedigüeños muestran un amplio conocimiento en leyes, psicología y comunicación, pues su discurso e indumentaria es congruente con los fines que pretenden, “que la gente se despoje voluntariamente de sus bienes sin que ellos se los pidan o los obliguen”.
 
“Todo se limita al lenguaje verbal y corporal, ellos saben que si profieren un verbo que se traduzca en una acción en la persona coaccionada, en ese momento se tipifica una conducta delictiva, por ello, la amenaza e intimidación no es verbal: Cualquier persona percibirá diferentes situaciones dependiendo de su estado emocional, contacto visual; hora, lugar y circunstancia, y con eso no se hace un elemento de prueba”, dijo el funcionario.
 
Por ello, los sujetos que realizan estas actividades son muy cuidadosos en su discursos, y evitan utilizar palabras como: pedir, otorgar, entregar, aflojar, entre otros sinónimos que signifiquen jurídicamente el despojo con violencia verbal o emocional de las pertenencias, pues aquí sí se configura el robo.
 
Otro de los elementos que controlan es su retórica, pues aunque las palabras no refieran amenaza, la entonación con que refieren el mensaje, el acento, inclusive impostan la voz para dar mayor énfasis en ciertos momentos de su discurso, eso es lo que representa una amenaza para los pasajeros que entregan “voluntariamente la ayuda” que le solicitan, dijo el experto.
 
Pero el discursos central, siempre será que acaban de salir del reclusorio, que ya no quieren volver a delinquir; que la vida les cierra las puertas y que se quieren regenerar; que no encuentra trabajo porque son ex presidiarios, pero que tienen una familia que mantener.
 
Inclusive, en la Ruta que corre del Metro Normal a la Avenida Ceylán, hay sujetos que se acompañan de niños, quienes son los que reciben el dinero, eso los deslinda de las responsabilidades porque el menor de edad es inimputable.
 
“La figura robo te exige que sin consentimiento del otro tú te apoderes de algo. Como tal no se configura el robo, la gente entrega la pertenencia con su consentimiento.
 
“Ahora si se sienten presionados podemos hablar de amenazas, pero en estas se tiene que configurar que las palabras o los hechos afecten tu psique, y quieren un estado psicoemocional de terror, temor, entre otros, que ya no puedas controlar tus actos”, dijo la experta en el tema Laura Román.
 
Explicó que uno de los mayores preceptos del Nuevo Sistema de Justicia Penal es la presunción de inocencia, con ello, el imputado ya no está obligado a demostrar su inocencia sino el Ministerio Público a comprobar la culpabilidad del presunto responsable.
 
“Es difícil confirmar y tipificar estás conductas, es como cuando se quiso sancionar las miradas lascivas, es subjetivo, y cada quien hace una interpretación de la realidad, es lo que se denomina libre albedrío, libertad de pensamiento e inclusive libertad de expresión, y es difícil tratar de criminalizar dichos preceptos que defiende cualquier país democrático”, dijo.
 
El 90 % de los pasajeros no quiere denunciar
Lorena es empleada de oficina, y prefiere cambiar su moneda de 10 por puros pesos para ir repartiendo en el trayecto, pero hay algunos de los “peticionarios” que ya tienen cuota, de 10 a 30 pesos por pasajero, a cambio de un llavero o un dulce, dicen ellos, pero en verdad es a cambio de no asaltarlos.
 
La trabajadora dice en tono de confesión que desde hace meses el temor la acompaña cuando viaja en los microbuses que corren del Metro Normal a Ceylán, inclusive esconde su teléfono celular para evitar que los ladrones se lo quiten.
 
“Eso empezó hace unos meses, los jóvenes que se suben a vender han ido cambiando sus palabras. Antes vendían dulces o algún llavero, y según ellos era para ayudar a sus familias, que estaban desempleados, o que la venta era la forma de ayudarse a pagar sus estudios, ahora suben y amedrentan”.
 
Otros te dicen: “no es que quieras, vas a cooperar, saca tu cartera o monedero y yo escojo el billetito”, ríen, y después piden disculpas, y agregan; “esto te diría si yo fuera ratero, pero no lo soy, por eso te pido una cooperación”.
 
Alejandro Luna Becerra, coordinador del Grupo Movilidad y Vanguardia, que aglutina 53% de las rutas y empresas del transporte en la Ciudad de México, reconoció que la práctica “criminal” va en aumento, pues en un recorrido de 20 kilómetros, se pueden subir a pedir al menos seis veces.
 
“Hace más de un año era muy esporádico, era curioso ver tres casos en un ramal, hoy tal parece que son grupos que se distribuyen los espacios del recorrido por cuadras. En un recorrido de 20 kilómetros, se pueden encontrar a personas con el mismo discurso y objetivo, mínimo cinco o seis personas”.  
 
En la ruta que corre de San Lázaro a Culuacán, las rutas 12 y la 108, hay cuota mínima de 10 pesos, pues primero se suben de la terminal hasta Viaducto, de Mixhuca a Coyuya, luego de Metro Iztacalco, del campamento Dos de Octubre hasta el Eje Seis, suben y bajan los sujetos.
 
El líder lo equiparó con una extorsión, sin que se configure dicho crimen, pero es similar al pago de protección, donde si no se paga la cuota, no garantizan tal vez, que más adelante otras personas los vayan a asaltar, o inclusive los mismos sujetos que están pidiendo pasen a la agresión y despojo.
 
Por ello, el transportista consideró que es necesario afrontar a estas personas, que los pasajeros no les den dinero, e inclusive, obligarlos que pierdan el control de la situación que logran a través de su discurso e incurran en conductas que verdaderamente sean delictivas, y se pueda presentar formalmente la denuncia.
 
“Estos tipos han subsistido porque se dieron cuenta que esto es un negocio, pero en la medida de que pudiera generarse una conciencia, solidaridad entre los usuarios, y nadie esté dispuesto a dar. Y aquel que le toque la mala suerte que le digan: ‘me das o me das´, entonces ahí si ya se está configurando el delito de robo y lo que resulte”.
 
”Hay un riesgo de que dichas personas si estén armadas, claro, pero en la medida de que no corramos riesgos, de que induzcamos a la propia autoridad reacciones, pues llegamos a la anarquía, donde estás personas hacen lo que quieren”, dijo.
 
Reconoció que se trate de robos, extorsiones, intimidaciones o amenazas, daño moral o lo que sea, el 90 % de los pasajeros no está dispuesto a acudir al Ministerio Público a denunciar, lo que a su vez incentiva tales conductas.
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