#Confidencial: Coparmex pide crear dependencia para la seguridad

Gustavo de Hoyos apuntó que en seguridad pública y en la política interna del país“debemos reconocer que en materia de seguridad nos equivocamos”

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Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, hizo un diagnóstico que dejó helados a varios funcionarios federales, especialmente a los que se dedican a la seguridad pública y a la política interna del país: “debemos reconocer que en materia de seguridad nos equivocamos”. Lo anterior fue el preámbulo para pedirle al gobierno federal sacar de la Secretaría de Gobernación el combate a la inseguridad y crear una dependencia que se dedique al 100% a estas tareas. Ahora tocará a las autoridades hacer caso o mirar hacia otro lado.

Flavino Ríos Alvarado, gobernador interino de Veracruz, no sólo no se desmarcó del mandatario con licencia Javier Duarte sino que sostuvo que mientras el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no resuelva sobre las impugnaciones en contra de Miguel Ángel Yúnes no dará inicio a la entrega-recepción de la administración veracruzana. De forma accidentada, Ríos Alvarado dio a entender que si para el inicio de la siguiente administración no hay una resolución electoral, casi casi que él no dejaría la gubernatura.

Esteban Albarrán Mendoza cambió la precariedad de la presidencia municipal de Iguala, en Guerrero, por la comodidad que le ofrece el Congreso mexicano. Ayer, tomó protesta como senador del PRI en sustitución del ahora subsecretario de Gobernación, René Juárez Cisneros, por lo que quedaron atrás los días complicados de esa zona del país, la cual está considerada como uno de las peores lugares para vivir, situación que se recrudeció con la desaparición de los 43 normalista de Ayotzinapa, precisamente por la policía de esa alcaldía.

Héctor Serrano, titular de la secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, es el único que se escucha atrás de la nueva protesta que hubo de taxistas contra Uber y Cabify. Todos en el gobierno capitalino saben que Serrano tiene bajo su poder un grupo muy amplio de taxistas ilegales que se amparan bajo los conceptos de injusticias y abusos administrativos para no reglamentar sus unidades y que son convocados a protestar cuando el funcionario capitalino lo considera conveniente. El tema es muy simple, ya existe un acuerdo entre la CDMX, Uber y Cabify, y parecía estar todo en santa paz, pero la protesta al final fue leída como la antesala a alguna nueva condicionante del gobierno a los dos servicios de transporte vía internet.

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