Expertos alertan por práctica sistemática de tortura en México

Cifras de Amnistía Internacional refieren que las tortura sexual se presenta para obtener confesiones falsas en contra de mujeres.

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La tortura ocurre de forma habitual y sistemática en México pese a que el país ha suscrito los dos principales instrumentos internacionales de la materia, es decir, reconocer la jurisdicción de la Corte y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), estar sometido al examen periódico universal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a los reportes del Comité contra la Tortura (CAT) del organismo, alertaron expertos.

Un informe de Amnistía Internacional (AI) difundido este 2016, refirió que 100 mujeres recluidas en prisiones federales del país fueron entrevistadas, pues se dijeron víctimas de tortura u otros malos tratos como acoso sexual o abuso psicológico durante su arresto e interrogatorio a manos de policías municipales, estatales o federales o e miembros del Ejército y la Marina.

Según AI, 72 señaló haber sufrido abusos sexuales durante su arresto o en las horas posteriores, y 33 habían sido violadas.

Al menos 66 declararon que habían denunciado los abusos ante un juez u otra autoridad, pero sólo en 22 casos se habían abierto investigaciones; Amnistía Internacional manifestó que no tiene conocimiento de que se hayan presentado cargos de alguna clase a partir de tales indagatorias.

El organismo abundó que las prácticas de tortura buscan obtener confesiones y elevar las cifras para hacer ver que las autoridades están combatiendo una delincuencia organizada desenfrenada.

El académico de la Universidad Panamericana, Carlos Lezama Fernández del Campo recordó que la Primera Encuesta a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social 2012, realizada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), 33.7 de los hombres y 3.2% de las mujeres en reclusión federal aseguraron haberse declarado culpables de un delito por haber sido torturados (dentro de un universo que rondaba las 150 mil personas).

El documento, dijo, 54% de los encuestados fueron amenazados; 49% fueron amenazados con cargos falsos; 64% fueron insultados o humillados; y 57% fueron golpeados o sufrieron algún tipo de agresión desde la detención, como cachetadas, patadas, quemaduras, toques eléctricos, asfixia, ahogamiento o violencia sexual, las formas más comunes de tortura reportadas en el estudio.

El especialista comentó el estudio del CIDE durante la conferencia “Criterios recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de tortura, organizada por el Departamento de Derecho de la Ibero y la Sociedad de Alumnos Axioma.

En dicho encuentro, el ministro de la Corte Jorge Mario Pardo Rebolledo, dijo que la SCJN empezó a considerar como una interpretación constitucional implícita las resoluciones que se iban dictando por los tribunales colegiados respecto a una denuncia de tortura, e hizo una distinción entre la tortura como delito y la tortura como una violación a derechos fundamentales (derechos humanos) dentro de un proceso penal.

En la tortura como delito, al único que le corresponde investigarla es al ministerio público, mientras que cuando un juez tiene una denuncia de tortura dentro de un proceso penal está obligado a allegarse los elementos probatorios necesarios, porque los estándares internacionales dicen que no se le puede arrojar la carga de la prueba al torturado, y es el Estado el obligado a demostrar que ha actuado en respeto de ese derecho a no torturar a las personas.

De esta forma, agregó el ministro, si se acredita la tortura el juez deberá determinar qué material probatorio del proceso penal se encuentra contaminado.

En tanto, el académico Felipe Sánchez Nájera, del Programa de Derechos Humanos de la Ibero, comentó que los nuevos criterios de la Corte en materia de tortura no ayudarán a erradicar esta práctica en México.

Recordó la existencia de una norma general de observancia obligatoria que prohíbe la tortura, lo que implica que el Gobierno, sus organismos y dependencias realicen todos los actos necesarios para evitar que bajo cualquier circunstancia o por cualquier motivo se efectúen actos de tortura.

Datos:
– En 2012 Amnistía Internacional levantó una encuesta en 21 países para determinar si los pobladores temían ser torturados si son detenidos. En la lista México y Brasil obtuvieron los resultados más altos; 64% y 80%, respectivamente. En tercera posición se ubicó Turquía con 58%.   

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