Un lujoso rancho del gobernador con licencia, Javier Duarte, localizado en Valle de Bravo, Estado de México, fue comprado y remodelado con más de 200 millones de pesos desviados del presupuesto de la Secretaría de Educación y de Salud de Veracruz.
Según el portal Animal Político, la Procuraduría General de la República (PGR) determinó que el dinero fue triangulado a través de múltiples empresas fantasmas.
La PGR y la Secretaría de Hacienda presentaron una acusación ante un juez federal donde se identifica a Duarte como el “jefe de una estructura criminal” diseñada para lavar dinero público. Además confirmó la participación de al menos ocho personas más en el ilícito.
Apenas este domingo un juez abrió juicio contra dos mujeres detenidas la semana pasada por sus presuntos vínculos con empresas fantasma ligadas a Duarte.
La acusación incluye el testimonio del abogado corporativo, Alfonso Ortega López, donde confesó que bajo las órdenes de Javier Duarte y de Moisés Mansur se crearon múltiples empresas fantasmas en los últimos cinco años.
Se trata de la primera de varias averiguaciones que tiene abierta la PGR y que serán presentadas ante la justicia en las próximas semanas y meses.
Según la PGR y Hacienda, la red está constituida por múltiples empresas que denominaron como “fantasma o fachada”, porque sólo “existen en el papel” y en el mejor de los casos los domicilios existen pero sólo se trata de habitaciones.
El eje central de esta acusación es una empresa de nombre Consorcio Brades S.A de C.V en la que aparecen como accionistas las dos mujeres detenidas con iniciales EAP y NIAP (cuyo nombre se reservará a partir de ahora por orden del juez).
Moisés Mansur (presunto prestanombres de Duarte) acordó con Consorcio Brades el pago de 223 millones de pesos, por la compra sobrevaluada de cinco parcelas de unos ejidos en Lerma de Campeche en diciembre de 2013.
Esos ejidos habían sido adquiridos por Mansur tres años antes en apenas millón y medio de pesos, incluso, el valor catastral de los mismos eran de 200 mil pesos pero se tuvo que desembolsar más dinero a un gestor, Antonio Almazán, para convertir a Mansur en “ejidatario”, pues la Ley agraria exige que solo los habitantes de la región puedan comprar terrenos ejidales.
El pago que realizó Brades a Mansur por las parcelas ejidales fueron pagadas por recursos públicos, de acuerdo con la PGR y Hacienda, pues dicha empresa no tiene antecedente ni perfil que justifique sus operaciones y carece de empleados.
La investigación ministerial precisó que Consorcio Brades fue “fondeada” por al menos nueve empresas que le entregaron más de 300 millones de pesos. Entre esas empresas están Medical Healthy Service S.A de C.V; Diseños Arquitectónicos Melvan; Sacmet Inmobiliaria S.A de C.V; Benfa Inmobiliaria S.A de C.V; Diseños Arquitectónicos Alim S.A de C.V y otras.
Este grupo de empresas recibieron dinero de compañías que eran proveedoras de productos y servicios de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud de Veracruz, como son Solaris Technologies, Aglomerados de Concretos del Papaloapan o Evolución de Diseños.
Todas las empresas señaladas son “fachada”. En varias de ellas aparecen como representantes legales o apoderados José Juan Janeiro Rodríguez y Javier Nava Soria, que están prófugos de la justicia.
En la acusación de la PGR ante el juez, está por escrito el testimonio de Ortega López, quien confirmó que la compra de los ejidos fue una simulación para lavar dinero, y que éste fue utilizado, entre otras cosas, para la adquisición y remodelación de El Rancho Las Mesas ubicado en Valle de Bravo.
“Se trata de una propiedad muy grande con una construcción central de al menos mil metros cuadrados. Tiene una terraza muy grande que da vista a todos los alrededores de la región pero también hay unas caballerizas y cuatro suites de lujo”, declaró.
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