El Instituto Nacional Electoral (INE) conocerá y, en su caso aprobará, sanciones por 520 millones de pesos a partidos políticos, derivado de las omisiones e irregularidades encontradas en la fiscalización de sus informes del ejercicio 2015.
En un comunicado precisó que de la cifra 142 millones de pesos serían para los comités ejecutivos nacionales, 369 millones de pesos para sus representaciones estatales y nueve millones de pesos para las representaciones políticas con registro local.
El organismo precisó que la Unidad Técnica de Fiscalización y la Comisión de Fiscalización revisaron 12 mil nueve millones de pesos por concepto de ingresos y 11 mil 161 millones de egresos que las fuerzas políticas nacionales registraron en ese periodo.
La revisión, aclaró, la realizaron ambas instancias bajo criterios, métodos y procedimientos de auditoría homogéneos.
Detalló que las omisiones e irregularidades encontradas en la fiscalización de los informes presentados por los institutos políticos durante el ejercicio 2015 serán conocidas por el pleno del Consejo General en la sesión del 14 de diciembre próximo.
La Comisión de Fiscalización, en sesión permanente, los días 21, 22 y 28 de noviembre, discutió y aprobó los dictámenes y sus resoluciones, tanto de los partidos políticos nacionales y acreditados en las entidades federativas, como de los partidos con registro local, refirió.
Durante el periodo de análisis, a cargo de la Unidad Técnica de Fiscalización, se revisaron 360 informes anuales, de los cuales 329 corresponden a comités ejecutivos nacionales y estatales de partidos con registro nacional y 31 a institutos con registro local en 16 entidades.
Los dictámenes contienen tres mil 910 conclusiones respecto a cuentas de balance, ingresos, egresos, actividades específicas y liderazgo político de las mujeres, comités directivos estatales o equivalente, cuentas por cobrar, por pagar, verificación de límites de aportaciones, entre otros.
El INE recalcó que la fiscalización responde a la necesidad de adecuar los estándares de revisión y los criterios de sanción que involucran cada peso empleado por los institutos políticos, para cumplir con los fines constitucionales que tienen encomendados.
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