Ante el aumento de la inseguridad y los robos a negocios, los habitantes de la delegación Milpa Alta amagaron con crear una policía comunitaria.
En una protesta afuera de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, señalaron que ya se inició con la instalación de algunos filtros en varios pueblos.
La intención de los filtros es para vigilar que no se introduzca gente ajena a las comunidades de Santa Ana Tlacotenco, San Lorenzo Tlacoyucan, San Bartolomé Chicomulco y San Pablo Oztotepec.
“No es un juego, se tiene que hacer bien, se tiene que estar organizados y por algo se tiene que empezar y ese proceso lo hemos iniciado”, destacó el vecino Gabriel Mejía.
Agustín Martínez comentó que un modelo de policía comunitaria que analizan es el de la comunidad de Cherán, Michoacán.
Esto debido a que han aumentado los robos a casa-habitación y negocios, y las autoridades no investigan.
Ante esta falta de apoyo, Agustín Martínez comentó que si bien no se realizarán linchamientos como ya ha ocurrido, sí se buscará dar un castigo a quienes cometan delitos para evitar que se repitan.
“Tampoco deseamos que nuestras autoridades volteen a vernos como ha sucedido cuando hay linchamientos y salimos en cadena nacional en las televisoras, sin entender cuál es el trasfondo de estos acontecimientos, principalmente por la ineficacia u omisión de las autoridades”, dijo Mejía.
“Por todo esto, queremos decirles que como nos lo permite la Constitución Mexicana debido a que estamos regidos por el sistema de usos y costumbres, hemos decidido iniciar un proceso interno de organización para contar con una policía comunitaria que nos garantice mayor seguridad”, remataron.
Primeros acuerdos
Derivado de la protesta, personal del Gobierno de la Ciudad de México acordaron con los vecinos realizar un recorrido el jueves 15 de diciembre a las 10:00 horas para analizar zonas donde se puedan colocar cámaras del C2.
También se reunirán en la Fiscalía de Milpa Alta para abordar al problema de la falta de seguimiento a las denuncias y se va a proponer un Agente del Ministerio Público itinerante.
Al salir de la reunión, Agustín Martínez dijo que darán como plazo seis meses para determinar si bajó la delincuencia o de lo contrario, continuarán con la formación de su policía comunitaria.