Sociedad civil exige a legisladores no militarizar al país

Cualquier propuesta de regulación del ejército debe retomar las recomendaciones que ha hecho la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos

Por Sandra Angarita

En 10 años se han acumulado más de 200 mil homicidios, más de 28 mil personas desaparecidas, los feminicidios han aumentado con expresiones de violencia cada vez más atroces y hay cientos de miles de personas desplazadas de sus hogares. 

Hoy se vive en un país mucho más inseguro, con instituciones más débiles y un sistema de justicia penal que no termina de funcionar correctamente.

El sistema adversarial que entró en pleno vigor este año, está en continua lucha con el legado inquisitivo que dependía de prácticas como la tortura.

Nuestras policías e instituciones de justicia son más débiles hoy que hace 10 años. La dependencia del ejército y las fuerzas armadas para realizar funciones de seguridad pública, que constitucionalmente corresponden exclusivamente a las autoridades civiles, también es mayor.

Presencia e intervención militar en el país

Las iniciativas legislativas que se han planteado en la dirección de normalizar la presencia e intervención militar en el país preocupan. Se pretende normalizar lo que en cualquier democracia sería una excepción: el involucramiento del ejército en tareas de seguridad públicas –desde patrullaje, detenciones hasta la investigación del delito-.

Dotar de marco jurídico a las Fuerzas Armadas es, sin duda, importante. Las Fuerzas Armadas han realizado un trabajo que las autoridades civiles no han podido o querido hacer, tareas que constitucionalmente no les corresponden y que no están entrenados para realizar.

Esto ha puesto a sus miembros en una situación de vulnerabilidad jurídica. Sin embargo, dicho marco jurídico no puede simplemente plantear -como hacen las propuestas legislativas de Seguridad Interior propuestas por Roberto Gil Zuarth (PAN) y por Cesar Camacho (PRI)- que se normalice y haga permanente lo que hoy sucede de forma inconstitucional.

Tampoco se debe abogar por suspender las garantías individuales para que el ejército pueda realizar sin controles y sin transparencia la tarea que corresponde a la autoridad civil.

Cualquier propuesta de regulación del ejército debe retomar las recomendaciones que ha hecho la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en México e ir orientada a regresar a los soldados a sus cuarteles, de forma paulatina y responsable.

Debe además, ir acompañada por una Ley que regule el uso de la fuerza y establezca mecanismos institucionales para fiscalizarla.

Está por aprobarse en la cámara de Diputados, la Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En situaciones de emergencia, el Estado debe poder actuar rápidamente y ello implica en ocasiones la necesidad de limitar ciertos derechos y dotar al Ejecutivo poderes extraordinarios.

Pero los estados de emergencia, por definición, atentan contra la médula constitucional, contra los derechos fundamentales y contra la división de poderes, por ello deben preverse con cuidado las reglas que aseguren que esas restricciones sean acotadas y fáciles de revertir.

Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución

El proyecto de Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no contempla contrapesos serios ni tiempos máximos para la suspensión de garantías. La iniciativa además incluye definiciones laxas para justificar la declaratoria de estado de excepción.

Los frenos y contrapesos que plantea el proyecto son casi inexistentes. El papel del Congreso y del Poder Judicial son limitados, cuando debieran ser proactivos, de vigilancia extrema y respuesta inmediata ante cualquier posible violación a los derechos humanos.

Por la gravedad de la medida –que prevé suspender los derechos y garantías de las y los ciudadanos- deben incluirse medidas de vigilancia fuertes y claras. Es grave que el proyecto asuma que las fuerzas armadas y el ejecutivo se autovigilarán y limitarán en el uso de la fuerza.

La ley, además, no establece un tiempo máximo de duración para la suspensión y permite su prórroga -y modificación de los alcances-, aún antes de concluir el periodo original. Esto crea incentivos para máximizar, no minimizar el uso de la medida. El hecho de que el congreso pueda extender los poderes extraordinarios del Ejecutivo mientras éste goza de poderes extraordinarios, es riesgoso.

La experiencia internacional alerta que las excepciones tienden a prolongarse, normalizando lo que pretendía ser excepcional. No podemos negar la situación extrema en que se encuentran importantes territorios del país y la necesidad de la intervención de las Fuerzas Federales.

Pero las medidas que normalizan la presencia militar y el estado de excepción, no son un buen camino para lograr la paz, para lograr la profesionalización de las policías o para fortalecer el estado de derecho. Es en un esquema de seguridad humana y de procuración y administración de justicia eficaz, donde se debe legislar e invertir recursos para revertir la violencia e impunidad que existe en el país.

Sociedad civil

Pedimos a la Cámara de Diputados que no apruebe de forma apresurada estas leyes que hacen permanente la presencia militar y que vulneran los derechos de las y los mexicanos.

El Congreso tiene la responsabilidad de no convertir al país en uno menos democrático y con instituciones civiles más débiles.

Los firmantes pugnamos por políticas de seguridad ciudadana, instituciones de procuración y administración de justicia que sirvan, policías capacitadas y un poder legislativo que juegue un papel de contrapeso frente a iniciativas autoritarias y poco democráticas.

Señores legisladores, les pedimos que hagan su trabajo con responsabilidad.

Organizaciones firmantes

  • Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica
  • Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH)
  • Equis: Justicia para las Mujeres
  • Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
  • Fundar Centro de Análisis e Investigación (FUNDAR)
  • Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC)
  • Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM)
  • Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP)
  • Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. (IMDHD)
  • México Unido Contra la Delincuencia (MUCD)
  • Servicios y Asesoría para la Paz A. C. (SERAPAZ)
  • Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI)
  • Con el apoyo internacional de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
  • Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RED TDT conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana)

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