La propuesta de la Ley General de Archivos ha levantado las voces de los historiadores, debido a que, entre otros aspectos, ven amenazado el derecho a contar con los archivos históricos de forma libre.
La incitativa que se enmarca en la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción, fue presentada el 17 de noviembre pasado en el Senado y contiene 117 artículos y 17 transitorios.
Uno de los aspectos más cuestionados es el artículo cuarto, en el cual se deja abierta la posibilidad de que empleados del servicio público, sin especialización en materia archivística, revisen todos los documentos que se ubican en sus archivos históricos y los destruyan o los regresen a archivos de concentración.
Así lo alertaron especialistas como Aurora Gómez Galvarriato, ex directora del Archivo General de la Nación (AGN); Andrés Lira, Lourdes Morales, Enrique Florescano, Ramón Aguilera, Mauricio Merino, Ana Cristina Ruelas y Haydee Pérez.
En un pronunciamiento emitido a finales de noviembre pasado, advirtieron que “existe el impulso político para que se haga una purga y se impida la consulta de documentos históricos y se lleguen a clausurar definitivamente documentos históricos o se eliminen aquellos que resultan fundamentales para la rendición de cuentas y el combate a la corrupción”.
Consideraron además que la propuesta de ley otorga la rectoría de los archivos a la Secretaría de Gobernación (Segob). “No hay ninguna razón técnica para que sea esta Secretaría quien conduzca el Consejo y el Sistema Nacional de Archivos”, señaló el texto.
En tanto, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la última sesión del Consejo Universitario se manifestó en contra de que el Senado apruebe la iniciativa tal como se presentó.
Estableció que los archivos históricos deben ser públicos y de interés general y deben considerarse fuentes de acceso público; ello implica que ha de garantizarse el acceso a la documentación histórica y la misma debe preservarse intacta.
Además urgió a “impulsar una política de autonomía en materia archivística, respaldada por un presupuesto suficiente que asegure la profesionalización de los procesos de valoración de la información, el respeto a aquellos archivos históricos que por largo tiempo han constituido una pieza fundamental para el trabajo histórico, el patrimonio cultural y la construcción de la memoria, así como la implementación de una política pública que no esté supeditada a formas de control político.
Mal manejo de archivos públicos
Un estudio de Alejandra Ríos Cázares, investigadora de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) afirma que la gestión de archivo públicos en el país es deficiente.
En el documento “Diagnóstico de los archivos gubernamentales en México. Una fotografía de la realidad subnacional”, explica que en el trabajo hubo dificultad para identificar las áreas coordinadoras de archivo de las instituciones seleccionadas, debido a que las propias instituciones no reconocen la existencia de un área que coordine la gestión de archivos.
Al preguntar sobre el perfil profesional del personal encargado de los archivos, se detectó que 60.4% contaba con estudios universitarios, pero muy diversos; por ejemplo sólo tres de los entrevistados eran licenciados
en archivonomía, biblioteconomía o bibliotecología, el resto variaba entre estudios vinculados a la administración pública, nutrición o veterinaria.
Tipos de archivos
La doctora Ríos Cázares detalla en su estudio que en México, la primera etapa de vida documental inicia con la creación del documento en las oficinas administrativas.
Al resguardo de esta documentación, mientras no caduca su vigencia, se le conoce como archivo de trámite y son las distintas oficinas administrativas que conforman las instituciones públicas las encargadas de administrar tal acervo.
Así se mantienen los documentos y expedientes del actuar cotidiano de las instituciones. Cuando los documentos dejan de tener vigencia se trasladan a un archivo intermedio, conocido como archivo de concentración en donde tienen lugar los procesos técnicos más elaborados.
En esa fase se determinan los parámetros de valoración para aquellos documentos tendientes a ser conservados de manera permanente en los archivos históricos (tercera etapa de resguardo de un documento) o bien, a ser eliminados.
Los archivos de concentración no necesariamente se encuentran en las oficinas administrativas de origen de hecho, es común que distintas instituciones compartan un archivo de concentración.
De ahí la importancia de la habilidad institucional para mantener orden en la gestión de expedientes y un buen mantenimiento de la infraestructura.
Por ejemplo, el inicio del incendio de la Guardería ABC en Sonora, ocurrido el 5 de junio de 2009, se generó en una bodega de la Secretaría de Finanzas, la cual resguardaba el archivo de concentración de la dependencia estatal.
