El Gobierno socialdemócrata de Rumanía derogó oficialmente ese domingo, en una reunión extraordinaria, el polémico decreto ley que despenalizaba algunos casos de corrupción y cuya adopción desató la mayor oleada de protestas en el país balcánico desde la caída del comunismo en 1989.
El martes pasado el Gobierno aprobó por vía de urgencia un decreto ley que despenaliza los casos de corrupción si causan pérdidas al Estado menores a 44.000 euros.
Esta modificación penal iba a acompañada de un indulto a 2.700 presos por delitos menores, también por corrupción, y que el Ejecutivo justificó por la necesidad de vaciar las abarrotadas cárceles rumanas.
