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Organizaciones rompen Alianza por el Gobierno Abierto tras presunto espionaje a activistas

10 organizaciones aseguraron que el gobierno federal fue omiso ante la exigencia de esclarecer el informe de The New York Times

Organizaciones de la sociedad civil rompieron este martes su relación con el Secretariado Técnico Tripartita (STT), con el que opera en México la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA), tras considerar que el gobierno federal fue omiso ante las acusaciones de espionaje ilegal a tres investigadores por parte del gobierno federal publicadas por The New York Times en febrero pasado.

Las 10 organizaciones, entre las que se encuentran Artículo 19, Fundar, Cultura Ecológica, el Instituto Mexicano para la Competitividad y Transparencia Mexicana, entre otros, decidieron de manera unánime terminar la alianza tras más de cinco años de trabajo “por la pérdida de confianza hacia éste (STT) y la falta de condiciones de co-creación y diálogo”.

Espionaje a promotores de impuesto a refrescos 

El 11 de febrero pasado, The New York Times publicó un reportaje que exhibía cómo los promotores del impuesto a refrescos Simón Barquera, director de investigación en políticas y programas de nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública; Luis Manuel Encarnación, director de Fundación Mídete; y Alejandro Calvillo, fundador de El Poder del Consumidor, fueron blanco de mensajes intimidantes.

Según el diario estadounidense, dichos mensajes estaban acompañados por vínculos que contenían un código invasivo de un programa de espionaje desarrollado por la empresa israelí NSO Group, que tiene contratos con varias agencias mexicanas.

Dicha herramienta sirve para rastrear llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, así como acceder a imágenes, sonidos y ubicación, asegura The New York Times.

Gobierno omiso

Ante dicho reporte, el núcleo de organizaciones exigió al Ejecutivo Federal, representado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) actuar de manera efectiva, sin embargo, en más de tres meses no hubo una respuesta concreta.

“Esta vigilancia resulta ilegal, como sistema de control y sin que medie una orden judicial, deja en estado de indefensión a los ciudadanos y vulnera su privacidad […] además de ser una práctica asociada a estados totalitarios”, consideran dichas organizaciones.

La Alianza por el Gobierno Abierto se lanzó en septiembre de 2011 para promover acciones que contribuyan a la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación tecnológica en el gobierno.

Sin embargo, también condenaron que distintas dependencias intentaron modificar los compromisos y líneas de acción acordados en las mesas de trabajo de 2016 para llevar a cabo la agenda planteada para su Tercer Plan de Acción.

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