Carlos Slim, propietario de la constructora española FCC, convocó por segunda vez en su historia a una junta de accionistas en Madrid, España, luego de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, hablara sobre la aspiración de independencia de Cataluña.
La primera reunión del FCC en la capital española de fue en 2015, tras pactar un acuerdo con Esther Koplowitz. Desde entonces, se ha delimitado que uno de cada dos años las juntas de accionistas no sean en Barcelona.
De acuerdo con la versión oficial, las razones son por ahorrar dinero, sin embargo, resalta un cambio significativo que ha pasado inadvertido es la modificación al artículo 4 de los estatutos sociales de FCC, pues indica que “el Consejo de Administración queda facultado para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional». Además, aclara que la nación en la que opera FCC, con 50 mil empleados, es España.
El cambio de estatutos, aprobado en la última junta de accionistas, se vincula a la intención de separar el negocio catalán en caso de una independencia de la comunidad española.
“En esa eventualidad está todo preparado. (..) Slim no entiende ni le gusta el proceso secesionista”, dijo un veterano ejecutivo al asegurar que tiene importante carga simbólica, porque el empresario mexicano no es un inversor cualquiera y FCC, aún con sus problemas de deuda, es uno de los grupos más implantados en Cataluña.
La redacción de los estatutos de FCC están en línea con otras empresas catalanas y con la ya aprobada por la Caixa cuando se transformó en fundación en 2014. Entones, el mexicano se convirtió en dueño y pudo ver cómo se suprimió del texto que la sede de la Caixa siga -en cualquier caso- en Barcelona.
Empresarios rechazan independencia
Por su parte, presidentes de CaixaBank, Jordi Gual, como el del Sabadell, Josep Oliu, han comentado en Sitges su rechazo a la independencia catalana, y señalaron en un comunicado de 2015 que en tal caso trasladarían sus sedes al resto de España.
Si Cataluña logra separarse del Estado, los depósitos de sus clientes ya no estarían garantizados por el Fondo de Garantía y sus propias entidades perderían acceso al oxígeno vital del Banco Central Europeo. CaixaBank y Sabadell figuran en la directiva de la asociación del Círculo de Economía cuyo presidente, Juan José Brugera, ha sido claro al decirle a Carles Puigdemont, su deseo de frenar el referéndum y limitarse a una tercera vía para mejorar el encaje económico y político en España.
El presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, consideró que aún es necesario “consolidar la recuperación económica (tras) la crisis más profunda de la historia del país. (Con información de El Mundo)
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