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Cuando fue arrestado en febrero por secuestro y confinamiento ilegal, dos días después de que ella lo reportó a la policía, ella esperaba que él enfrentara un castigo adecuado. Pero fue liberado sin fianza a principios de marzo, y acusado sólo de violar una sección del código penal del siglo XIX de Birmania sobre “engaño”, que en ocasiones se aplica a las parejas infieles y conlleva una sentencia de cárcel máxima de un año. Está pendiente un juicio.
“Siento que esto es totalmente injusto”, dijo Thiri Aung Tin, de 21 años de edad, sobre el giro que dio el caso.
El cambio está llegando a Birmania a medida que hace la transición hacia la democracia. Pero cuando se trata de proteger a las mujeres de la violencia, apenas ha habido modificaciones.
Birmania está muy rezagada respecto de sus vecinos asiáticos sobre el tema, dicen grupos de derechos humanos, citando un código penal que no reconoce la violación marital y la falta de una ley sobre la violencia doméstica en el país.
Diplomáticos han llamado a la violencia contra las mujeres en la nación una “emergencia silenciosa” y los defensores de los derechos dicen que las fallas del código penal se ven agravadas por una aplicación débil de la ley y tribunales llenos de corrupción y misoginia.
Un borrador de una ley que busca ofrecer mayor protección a las mujeres modernizando los estatutos de Birmania tiene amplio apoyo entre los grupos activistas locales y legisladores de la gobernante Liga Nacional para la Democracia, la cual llegó al poder el año pasado tras una victoria electoral que puso fin a más de medio siglo de régimen militar.
Pero la ley se ha estancado, según miembros de la Liga Nacional para la Democracia y activistas de los derechos de la mujer, mientras un sistema conservador y dominado por hombres con vínculos con el ex gobierno militar trata de diluir parte de su lenguaje más fuerte.
Para estos funcionarios, “el hecho de que se estén considerando los problemas de las mujeres es suficiente”, dijo Hla Hla Yee, directora de la organización sin fines de lucro Clínica Legal de Birmania. “No sienten que necesiten hacer más”.
Las estadísticas firmes sobre la violencia contra las mujeres en Myanmar son escasas, pero estudios recientes sugieren que el problema está extendido.
La violencia sexual es común en las áreas del país asiático propensas al conflicto, afirmó Naciones Unidas en un reporte de 2016, señalando que el Ministerio de Defensa había procesado a 61 miembros de las fuerzas militares por esos actos de 2011 a 2015.
Los activistas de los derechos de las mujeres dicen que la violencia es agravada por el abuso de las drogas y el alcohol entre los hombres, y por una actitud común entre ambos sexos de que las mujeres que sufren agresiones o son violadas de algún modo lo merecen.
“Es culpabilizar a la víctima”, dijo Evelyn Yu Yu Swe, socia de los Servicios de Educación sobre la Sexualidad Flores Fuertes, una compañía en Rangún, la principal ciudad de Birmania. “El lenguaje que usan es: ‘Ella es mala. Por eso su esposo la golpea’”.
Las víctimas tienen pocas opciones legales, dicen activistas, en parte porque la mayoría de los estatutos relevantes son anticuados, tras haber sido promulgados durante la era colonial británica, la cual terminó en 1948. Una sección del código penal, por ejemplo, criminaliza la agresión a una mujer “con intención de ultrajar su modestia”, sin definir delitos específicos.
Incluso las víctimas que pueden cumplir con los estándares del tribunal para presentar cargos criminales a menudo no pueden permitirse contratar abogados o pagar los sobornos que los empleados administrativos y los agentes policiales frecuentemente demandan, dijo Hla Hla Yee. Las mujeres casadas, añadió, a menudo temen que llevar a juicio a sus esposos estigmatice a sus familias.
“No quieren que sus hijos sean vistos como los hijos de prisioneros”, afirmó.
La propuesta legislación, la Ley de Prevención Nacional de Violencia contra la Mujer, fue elaborada a lo largo de varios años en consulta con expertos internacionales.
Pero cuando llegó a un comité del gobierno, dijeron activistas de los derechos de la mujer, los críticos de varios ministerios empezaron a recortar párrafos que definirían claramente la violencia sexual y responsabilizarían a los soldados de violaciones en las zonas de conflicto. En su reporte del año pasado, Naciones Unidas calificó las revisiones recientes del borrador de ley como “problemáticas”.
Algunos de los críticos de la ley propuesta han argumentado en sesiones a puerta cerrada que el código penal del siglo XIX ya protege a las mujeres o que la propuesta ley tomaría injustamente como blanco a los hombres, según activistas de derechos involucrados en las discusiones.
La oposición a responsabilizar a los soldados de la violencia sexual proviene de funcionarios del Ministerio de Asuntos Interiores controlado por militares, dijo Naw Tha Wa, directora de la División de Desarrollo de la Mujer en el Ministerio de Bienestar Social, Socorro y Reubicación. Su razonamiento, dijo, es que esos crímenes ya son manejados por tribunales militares y no deberían ser trasladados a cortes civiles.
“Los militares son poderosos, y algunos funcionarios no quieren encolerizar a los militares”, dijo Khin Lay, directora del Grupo de Apoyo a la Mujer Triángulo, una organización no gubernamental en Rangún.
También se opone a la ley un grupo de budistas intransigentes, la Asociación para la Protección de la Raza y la Religión.
La asociación, conocida como Ma Ba Tha, se volvió prominente por su promoción de cuatro llamadas leyes de raza y religión que fueron aprobadas por el gobierno respaldado por los militares en 2015 y abordan la monogamia, el matrimonio interreligioso, la conversión religiosa y la planificación familiar. Sus líderes ahora temen que la legislación propuesta pudiera socavar estas leyes.
La intención implícita de las leyes de raza y religión fue restringir los matrimonios entre mujeres budistas y hombres musulmanes y evitar el crecimiento de la población en las comunidades musulmanas, dijo Melissa Crouch, experta en el derecho de Birmania en la Universidad de Nueva Gales del Sur en Sídney, Australia. Dijo que el Partido Unión para la Solidaridad y Desarrollo respaldado por el gobierno había apoyado las leyes para atraer a los votantes de la mayoría budista del país en la elección de 2015.
Los líderes de Ma Ba Tha dicen que las leyes son necesarias para proteger a las mujeres budistas, por ejemplo, garantizándoles el derecho a practicar su propia religión. Pero los defensores de las mujeres dicen que estas leyes no incluyen lenguaje específico para proteger a las budistas o a otras mujeres de la violencia.
En febrero, Naw Tha Wa de la División de Desarrollo de la Mujer dijo a la revista Frontier Myanmar que la legislación propuesta “rechazaría y anularía” secciones de las leyes de raza y religión, por ejemplo, al permitir a las mujeres tomar decisiones sobre la anticoncepción. No dio detalles. Naciones Unidas ha dicho que una falta de acceso a los servicios de planificación familiar en Birmania contribuye a una alta tasa de mortalidad materna.
Los líderes de Ma Ba Tha han advertido que cualquier medida para invalidar las leyes de 2015 provocaría una reacción negativa de parte de sus simpatizantes. “Si la LND trata de hacer esto, perderán nuestro apoyo”, dijo Ko Aung Lin Naing, editor de Tharki Thway, la revista del grupo, refiriéndose a la Liga Nacional para la Democracia.
Los defensores de los derechos de la mujer dijeron que temían que Ma Ba Tha presione a sus aliados en el gobierno para que bloqueen el borrador de ley y no sea sometido a votación.
Aun cuando se aprobara la legislación, dijo Khin Lay, la Liga Nacional para la Democracia no revocará las leyes de raza y religión, por temor a molestar a los budistas. Dijo que el mejor resultado sería que la nueva ley reemplazara discretamente a las antiguas.
Sin embargo, Crouch dijo que en el ambiente legal actual de Birmania era poco claro qué leyes tomarían precedencia. Bajo el gobierno militar, el poder de una ley generalmente corresponde al de la persona o institución que la respalda, pero ahora que Birmania es “casi democrática”, dijo, no han surgido lineamientos claros.
“Los tribunales no han abordado aún este asunto”, resaltó.
61
elementos de las fuerzas militares fueron procesados de 2011 a 2015, acusados por violencia sexual.
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