Hace un año policías federales y estatales se enfrentaron con manifestantes que bloqueaban una carretera en Nochixtlán, Oaxaca. Los inconformes protestaban contra la Reforma Educativa gubernamental. El saldo fue de ocho civiles muertos y más de cien heridos.
La Policía Federal negó rotundamente haber llevado armas al operativo, e incluso un notario certificó que los uniformados iban desarmados y sólo portaban equipo antimotines; sin embargo, en un documento entregado por esa institución al Senado de la República, los federales confirman que sí iban equipados con armas largas y cortas para disuadir la manifestación.
Un mes antes de los enfrentamientos, el 15 de mayo —Día del Maestro— profesores y simpatizantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciaron un plantón en el zócalo de Oaxaca para mostrar su rechazo a la Reforma Educativa y exigir al gobierno mejores condiciones para realizar su labor en uno de los estados más pobres del país.
Represión de protesta
Después de 35 días de protestas continuas, el 19 de junio, la Policía Federal, acompañada de agentes estatales, se dispuso a desalojar el campamento montado por los inconformes, pero para llegar hasta ahí, debían de pasar primero por un bloqueo carretero a la altura de Nochixtlán —ubicado a una hora del centro de Oaxaca— donde pobladores habían levantado barricadas para impedir el avance policial.
Ese día, a las cinco de la madrugada, Blas Fortino Figueroa Montes, notario público 65 de Oaxaca, acudió al municipio de San Lorenzo Cacaotepec donde las fuerzas federales se disponían a iniciar el operativo.
«Procedí a realizar la inspección correspondiente en unión del comandante […] quien me va señalando el equipo que portan los elementos a su cargo y que es llamado kit policiaco antimotines, haciendo constatar que no portan armas de fuego ni punzocortantes, además con […] lanzadores simples de agentes químicos», se lee en el acta notarial firmada por Figueroa Montes, la cual VICE obtuvo a través de una solicitud de información al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Las omisiones
En el acta, el notario asegura que inspeccionó autobuses, patrullas y camionetas pick up utilizados por las fuerzas federales y estatales, «haciendo constar que en su interior no existían armas de fuego ni punzocortantes».
El acta está firmada por funcionarios federales y estatales, pero la Policía Federal omite revelar el número de elementos, la cantidad de unidades móviles y el equipamiento utilizado en el operativo, ya que esa información está «clasificada como reservada, bajo el rubro temático: ‘Estado de la Fuerza’, por un periodo de cinco años», y afirma que dar a conocer esa información «pondría en riesgo la vida, así como la seguridad de los miembros de las instituciones de seguridad pública».
A pesar de que el notario certificó que los policías federales y estatales no portaban armas, Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) declaró lo contrario en un informe preliminar sobre el caso ante legisladores en febrero pasado.
Policías armados, 8 civiles muertos
«El notario público sólo hizo un recorrido visual, sin verificar a detalle a los integrantes de las corporaciones policiales; sin embargo, se ha documentado que hubo elementos de las corporaciones estatales que acudieron armados al inicio del operativo», dijo el ombudsman nacional.
El operativo de desalojo comenzó aproximadamente a las ocho de la mañana y duró cerca de nueve horas. Durante ese tiempo, cientos de pobladores enfrentaron a las fuerzas de seguridad con bombas molotov, palos, piedras y cohetones, mientras que los policías lanzaron —por tierra y aire— decenas de gases lacrimógenos a los manifestantes.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca señaló que el resultado de los enfrentamientos fue de ocho civiles muertos —todos por impacto de bala— y de 198 personas heridas (155 civiles y 43 policías).
Enrique Galindo, en ese entonces comisionado de la Policía Federal, aseguró que sus elementos fueron emboscados por personas civiles armadas. Sin embargo, en imágenes difundidas por la agencia Xinhua y Associated Press se observa a policías portando y apuntando armas largas en el operativo, pero no se ve a ningún civil armado.
A pesar de la evidencia gráfica, mediante un comunicado emitido el mismo 19 de junio, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) desacreditaron las imágenes de las agencias internacionales.
«Con relación a las fotografías difundidas en redes sociales, donde se observa a elementos de la Policía Federal supuestamente accionando armas de fuego en contra de los manifestantes en el estado de Oaxaca […] La Comisión Nacional de Seguridad informa que esas imágenes son totalmente falsas. Personal de la Policía Federal se encuentra desarmado y sin toletes, por lo que es mentira el uso de armas de fuego por parte de elementos federales», señaló el comunicado.
Narración de un gendarme
Lo que no informó ni la Segob ni la CNS fue que un grupo con decenas de federales armados había reforzado el operativo. En la tarjeta informativa 1504/2016 —de la cual VICE posee copia— José Luis Rincón Alvarado, encargado del Segundo Agrupamiento de la División de Gendarmería, narra los hechos de ese día de manera detallada.
«Alrededor de las 09:30 horas salimos de las instalaciones del cuartel móvil […] ubicado en el parque industrial maquilador Oaxaca 2000 […] con 174 integrantes: 143 dotados de equipo anti motín (sin armas) y 32 con equipo táctico compuesto por 31 integrantes con armas cortas y largas y 1 con arma corta», dice la tarjeta informativa que fue enviada al Senado de la República un mes después de los hechos. Es decir, no sólo policías estatales acudieron armados el operativo como lo señaló la CNDH, sino también policías federales.
Asimismo, Rincón Alvarado menciona que en uno de los enfrentamientos resultó herido por un artefacto explosivo el suboficial Hugo López Reyes, «como consecuencia de este hecho es alcanzado, retenido y agredido por los manifestantes, despojándolo de su equipo táctico: chaleco balístico, casco, coderas, rodilleras, anteojos tácticos, así como su arma de cargo marca ceska zbrojovka czp-09, tres cargadores abastecidos y 57 cartuchos útiles calibre 9 milímetros, radio matra y equipo Nextel».
También explica que en diferentes lugares y distintos momentos, los miembros de la Policía Federal fueron atacados con armas de fuego por hombres vestidos de civil, por lo que los agentes procedieron a desalojar a los agresores sin especificar si utilizaron sus armas para ello.
Los enfrentamientos en Nochixtlán provocaron reacciones a nivel nacional e internacional. Enrique Galindo fue cesado del cargo meses después para no entorpecer las investigaciones. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca dijo que la Policía Federal actuó sin un protocolo y que incluso algunos de sus miembros impidieron que los civiles heridos fueran atendidos en un hospital de la localidad.
Amnistía Internacional señaló que las investigaciones del caso deberían de traducirse en en el debido juzgamiento de todas las autoridades y demás personas que se encuentren involucradas y que los actos para mantener el orden público «deben de estar apegados a las normas internacionales de derechos humanos».
Por su parte, respecto a lo sucedido en Nochixtlán, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en conjunto con la CNDH y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, señaló que cualquier uso de fuerza por parte de las autoridades que cause heridos o muertos «debe ser investigado de manera exhaustiva, para deslindar las responsabilidades administrativas y penales, incluyendo la responsabilidad de los mandos superiores que participaron directamente en los hechos».
El organismo internacional también exhortó a las autoridades federales y estatales a retomar los esfuerzos de diálogo con las víctimas hasta lograr el pleno acceso de éstas a la salud, a la reparación integral del daño y a la justicia.
Finalmente, a pesar de que la Procuraduría General de la República anunció el mes pasado que mantiene abiertas seis carpetas de investigación y hay 13 personas detenidas por los hechos, a un año de lo sucedido no hay ninguna sentencia contra los responsables, ni justicia para las víctimas y sus familiares.
