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Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigaron la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, denunciaron que también fueron víctimas de espionaje a través del “malware” Pegasus.
En el marco de la audiencia del 163 periodo extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), miembros de la organización exigieron al gobierno federal responder de manera “enfática” sobre el presunto espionaje.
James Cavallaro, comisionado especial para México, informó que el GIEI les envió una carta en donde especifican que en marzo de este año recibieron mensajes “muy parecidos a los que se describen en el informe titulado ‘Gobierno espía’”.
«Quisiera enfatizar una parte que nos informa que varios de los miembros del grupo, así como su secretario ejecutivo, recibieron en marzo de 2016 mensajes muy parecidos a los que se describen en el informe titulado ‘Gobierno Espía, vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México'», apuntó Cavallaro.
Por su parte, Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, señaló que ya atendieron las medidas cautelares dictadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que autoridades no usen tecnologías de espionaje en contra de defensores o periodistas.
«Las medidas cautelares básicamente están orientadas, primero, a que las autoridades de las que se tiene información que adquirieron esta tecnología se abstengan de emplearlo en contra de periodistas, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad; segundo, se abstengan de utilizar información que pudiese derivarse de este procedimiento. Las medidas cautelares están dirigidas a la Secretaría de Gobernación, a la PGR, a la Secretaría de la Defensa Nacional y han sido atendidas y reconocidas por las tres instituciones», subrayó.
En tanto, Ricardo Sánchez, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) que investiga el hecho, reiteró que han pedido a los denunciantes del caso la autorización para acceder a la información de sus celulares y verificar si han sido intervenidos. Además, aseguró que pidieron asesoría a instituciones de otros países.
Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), que acompaña a los padres de los normalistas, indicó que el presunto espionaje es muestra de que “no hay voluntad política” para esclarecer los hechos de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa registrada el 26 de septiembre de 2014.
«Si quienes acompañamos a las víctimas somos espiados, si la propia comisión interamericana es espiada, no tenemos duda de que no hay una voluntad política por parte del Estado para llegar al esclarecimiento de los hechos», refirió.
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