Indocumentados enfermos pero recelosos, evitan atención médica

El doctor Luke Smith condujo lentamente a través de las calles sin iluminación de un barrio lleno de inmigrantes, en busca de un domicilio entre las pequeñas casas con ventanas enrejadas. Bolsas de la farmacia yacían a sus pies. Su misión: entregar medicamentos a pacientes demasiado asustados para recoger sus recetas

Por The New York Times

En esa noche, Smith, un psiquiatra, estaba buscando a la familia de un niño de 12 años con trastorno de déficit de atención. Como la mayoría de la gente que ha entrado a Estados Unidos ilegalmente, los padres del niño, originarios de Puebla, México, no tienen licencias de conducir. Ahora,  ser detenidos en uno de los frecuentes retenes de tráfico puede tener consecuencias mucho más costosas que una multa.

Sacudidos por las extendidas órdenes de deportación del gobierno de Donald Trump, ellos y muchos otros más están retirándose a las sombras, eludiendo revisiones médicas.

Varias veces a la semana, Smith recoge las medicinas de las farmacias, luego se reúne con los pacientes en sus casas para entregarles los medicamentos que requieren.

“No puedo hacer que mis pacientes corran riesgos para recoger las medicinas que les prescribo”, dijo.

En todo el país, desde Venice hasta Nueva York, las clínicas que atienden a una población migrante reportan un descenso en las citas desde la represión del gobierno. En un reciente sondeo nacional entre proveedores realizado por la Red de Médicos Clínicos para Migrantes, que tiene su sede en Austin, Texas dos terceras partes de los encuestados dijeron que habían visto renuencia entre los pacientes a buscar atención médica.

Algunos padres han retirado a sus hijos de programas de nutrición federales para evitar el escrutinio. En Baltimore, Maryland trabajadores de salud que durante años han visitado barrios latinos para hacer pruebas de detección de infecciones de transmisión sexual ahora esperan en camionetas afuera de tiendas de conveniencia y plazas de muebles.

“Ha sido como un pueblo fantasma”, dijo la doctora Kathleen R. Page, codirectora del Centro SOL, un hostipal para latinas llamado Johns Hopkins.

Expertos dicen que el costo de evitar el sistema de atención médica tiene un amplio alcance. Los latinos más pobres, en particular, sufren de altas tasas de obesidad, diabetes, enfermedades hepáticas e hipertensión. “Los pacientes que ya están enfermos pasarán mucha más dificultad para mejorar”, dijo Page. Quienes no reciban atención para enfermedades infecciosas, dijo, “tienen mucha más probabilidad de transmitir las infecciones a otros”.

Sin embargo, ya que los costos médicos representan una carga para millones de estadounidenses, muchas personas cuestionan por qué los ciudadanos que apenas pueden permitirse pagar su propia atención médica deberían apoyar a través de impuestos la atención de quienes viven aquí ilegalmente.

Un proveedor sondeado en la encuesta de la Red de Médicos Clínicos para Migrantes escribió: “Ha habido una buena cantidad de animosidad hacia mí por ayudar a los trabajadores. Los residentes locales piensan que los trabajadores están recibiendo grandes beneficios”.

Aquí en el centro de Carolina del Norte, donde los inmigrantes trabajan en los campos tabacaleros y en fábricas de procesamiento de pollos, y lavan platos y limpian baños en pujantes restaurantes y hoteles del centro, algunos proveedores de salud están haciendo esfuerzos extraordinarios por los pacientes.

Smith entró en un pórtico oscuro y tocó a la puerta. “¿Está Jorgito?”, preguntó.

Se asomaron unos ojos por los listones de una persiana cerrada. Jorgito, dueño de un camión de tacos, abrió la puerta y salió presuroso, sonriendo.

En la atestada habitación del frente, Jorgito, quien como otros inmigrantes no autorizados entrevistados para este artículo, pidió que se omitiera su apellido para evitar que funcionarios los identificaran a él y a su familia, presentó al doctor con sus amigos y parientes y su pastor.

Sólo después de que la familia lo instara a probar unas gruesas tortillas hechas en casa, Smith discretamente entregó a Jorgito el medicamento para su hijo, un tímido niño de sexto grado apoltronado en un sofá.

Excepto por artículos absolutamente necesarios, Rodolfo, un albañil itinerante que entró a Estados Unidos ilegalmente procedente de Puebla hace seis años, no deja su casa en estos días.

Pero durante un mes, su hija de ocho años, Leslie, se ha estado doblando de dolor tras las comidas. Así que, intranquilamente, en autobuses y a pie, Rodolfo la llevó a la clínica de salud comunitaria en Carrboro, Carolina del Norte, una localidad liberal y adinerada al oeste de Chapel Hill.

En la sala de revisión, la niña se encogió, tensa e incómoda. Lisanna González, una practicante de enfermería familiar, no pudo encontrar la causa física de su malestar.

Eventualmente, Leslie admitió que le aterrorizaba llegar a casa de la escuela un día y descubrir que no estuvieran sus padres. Los niños siempre estaban hablando de eso, dijo, incluso burlándose. Su hermano, de 13 años, le mostraba continuamente actualizaciones de redes sociales sobre redadas.

El temor está enfermando a la gente, dijo el doctor Evan Ashkin, profesor de medicina familiar en la Universidad de Carolina del Norte que dirige un programa de residencia para médicos que trabajan con pacientes pobres.

Los proveedores, explicó, han visto un aumento en las manifestaciones físicas comunes de la depresión y la ansiedad: dolores estomacales, visión borrosa, mareos, insomnio, dolores de cabeza, hipertensión y falta de aliento.

“Entiendo porqué te preocupas, y espero que nada así suceda”, le dijo González a Leslie y su padre, en español. “No podemos eliminar el estrés, pero podemos aconsejarte algunas formas de manejar la ansiedad”.

Entregó a Rodolfo una lista, elaborada por el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, sobre cómo prepararse para una posible deportación: decidir quién atenderá a sus hijos. Poner por escrito sus medicamentos y números telefónicos importantes. Decir a su familia a quién llamar si son detenidos.

Esta no es la primera vez que el temor ha ahuyentado a los pacientes inmigrantes. Investigadores encontraron que tras la aplicación de medidas antinmigrantes extendidas en Arizona en 2010, los migrantes no autorizados usaron los servicios sociales con poca frecuencia, según un estudio publicado en The American Journal of Public Health.

Después de una gran redada antinmigrante federal en 2008 en Postville, Iowa, los bebés nacidos de madres latinas tuvieron un riesgo 24% mayor de bajo peso al nacer que los nacidos un año antes, según un estudio publicado este año en The International Journal of Epidemiology.

Los efectos de disuadir la atención médica se sentirán en muchas formas, dijeron expertos. Los hospitales y departamentos de emergencias, exponencialmente más caros que la atención primaria, atenderán a más pacientes enfermos, dijo el doctor Joshua M. Sharfstein de la Escuela Bloomberg de Salud Pública de Johns Hopkins. Los sistemas escolares sentirán el efecto de más estudiantes con una variedad de desafíos relacionados con la salud.

Los investigadores también han analizado la cuestión de los beneficios federales para los inmigrantes no autorizados.

A muchos les pagan por debajo de la mesa. Pero ciertamente no a todos. Entre 2000 y 2011, los inmigrantes no autorizados para trabajar en Estados Unidos contribuyeron con entre 2 mil 200 y 3 mil 800 millones de dólares al año más al Medicare (programa federal de seguro médico) de lo que retiraron, según un estudio de 2016.

José, de 42 años de edad, trabaja todo el año como cultivador de tabaco; su esposa, Irma, de 44, recolecta tabaco y también trabaja en un restaurante local, limpiando mesas y los pisos. No tienen números de Seguridad Social porque están aquí ilegalmente.

“¡Pero pagamos impuestos!”, declaró Irma, respondiendo al argumento de que las clínicas financiadas por los contribuyentes deberían atender sólo a ciudadanos legales.

Sus deducciones son tomadas con números de identificación fiscal individuales. Pero, señaló, ninguno es elegible para los programas que esos impuestos financian, incluyendo la Seguridad Social, el Medicare y el Medicaid.

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