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La vida de Jessica Rojas podría cambiar ante la confrontación de una iniciativa, la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (o DACA, por sus siglas en inglés) creada hace cinco años, que le permitió quedarse y trabajar en Estados Unidos a unos 800 mil migrantes como Rojas, que llegaron de manera ilegal al país cuando eran niños.
A pesar de sus ataques contra DACA desde su campaña, Donald Trump ha prometido mantener vivo el programa, además de llamar a sus beneficiarios, también conocidos como dreamers, “chicos absolutamente increíbles” que merecen compasión.
Pero en días recientes, actores clave en su gobierno han aconsejado al presidente que desmantele el programa y el fiscal general Jeff Sessions ha dicho que lo considera inconstitucional y que no puede defenderlo ante la corte, de acuerdo con personas cercanas a las discusiones y que pidieron mantener su anonimato para hablar al respecto.
Mientras, la Casa Blanca se negó a declarar sobre el futuro de DACA, muchos funcionarios y personas informadas sobre el tema ahora dicen que Trump está a punto de acabar con él, aunque destacan que el presidente cambia de parecer con frecuencia.
“DACA dio a un grupo de personas indocumentadas la capacidad de regularizar su situación, y 800 mil de nosotros lo hicimos”, Gaby Pacheco, una de las líderes del movimiento.
Desde que asumió el poder, el mandatario estadounidense evalúa —y sufre públicamente— qué hacer con el programa; sin embargo, las discusiones al interior de la Casa Blanca han tomado una urgencia renovada después de que un grupo de fiscales de estados conservadores amenazaron con demandar a Trump en una corte federal si no comienza a eliminar el programa para el 5 de septiembre.
En julio, cuando aún era secretario de Seguridad Nacional, John F. Kelly, el ahora jefe de gabinete del presidente, manifestó su escepticismo de que el programa sobreviva al escrutinio legal.
La defensa de este programa estaría en manos del Departamento de Justicia, pero el fiscal general Jeff Sessions, un fuerte opositor del programa, no ha dicho si lo defenderá; Trump tampoco ha dicho si le ordenará que lo haga.
Incluso si lo hiciera, no hay certeza de que el programa sobreviva a un desafío en los tribunales. Los fiscales generales republicanos han tenido éxito bloqueando otras políticas migratorias de la era de Obama.
Pero la decisión del gobierno de Trump de no defenderlo “sería casi de seguro la sentencia de muerte del programa”, dijo Paul Virtue, socio del bufete jurídico de Mayer Brown y quien en los ochenta y los noventa fue funcionario de alto nivel en el Servicio de Inmigración y Naturalización, como se conocía entonces a la agencia. DACA ha cambiado la vidasde muchos beneficiarios, al permitirles ser elegibles para obtener ayuda financiera para asistir a la universidad, asegurar mejores empleos y abrir cuentas bancarias. Estos acontecimientos en el camino hacia la autosuficiencia estarían en riesgo si DACA se elimina.
“Me permitió integrarme a la sociedad en todos los sentidos”, afirmó Monica Lazaro, de 24 años, quien nació en Honduras pero creció en Miami. DACA le permitió obtener una licencia de manejo, pagar la matrícula de la universidad como residente del estado y vivir sin miedo.
Lazaro trabaja como investigadora asociada en la Universidad de Nova Southeastern en Fort Lauderdale, Florida, estudiando la fatiga crónica, además de que recientemente recibió la autorización para trabajar en el hospital del Departamento de Asuntos de Veteranos en Miami.
“Sin DACA, me despedirían de inmediato”, dijo. Y lo más importante es que si se pone fin a DACA, los dreamers volverían a ser candidatos a la deportación. No sería difícil encontrarlos, el Departamento de Seguridad Nacional tiene documentos fiscales y de DACA en los que aparecen sus direcciones, que serían además las direcciones de sus padres indocumentados.
“Si se deroga DACA, tienen mi última declaración fiscal y saben dónde vivo”, explicó Jung Woo Kim, un dreamer que nació en Corea del Sur. Habló durante una manifestación en Washington, el 15 de agosto, en el quinto aniversario del inicio del programa.
Viajó desde Los Ángeles para participar en un plantón ininterrumpido cerca de la Casa Blanca que terminara cuando el Congreso vuelva a sesionar el 5 de septiembre, la fecha límite para que Trump dé una respuesta a los fiscales generales.
La amenaza al programa ha reavivado el espíritu activista que fue crucial para su creación. Cientos de personas participaron en la manifestación en Washington, una de las muchas que se llevaron a cabo en la ciudad ese día, y más de dos decenas de personas fueron arrestadas y acusadas de obstaculizar el paso en las aceras.
A partir de 2010, los jóvenes indocumentados hicieron campaña con un vigor intenso, con marchas y otros métodos a medida que menguaba la esperanza de que el Congreso abriera un camino hacia una situación legal.
Sus líderes lograron reunirse con asesores de Obama y argumentaron que el Poder Ejecutivo podía otorgar a los inmigrantes indocumentados la “acción diferida”, una forma de discreción procesal que los protegería de la deportación y les permitiría trabajar, aunque sin otorgarles la residencia legal ni la ciudadanía. “DACA dio a un grupo de personas indocumentadas la capacidad de regularizar su situación, y 800 mil de nosotros lo hicimos”, comentó Gaby Pacheco, de 32 años, una de las líderes del movimiento.
“La economía no colapsó. Nadie perdió su empleo. Todo lo contrario: compramos autos y casas, y podíamos ganar más dinero”. Para ser elegibles, los solicitantes deben haber entrado a Estados Unidos antes de los 16 años, haber residido de manera continua en el país desde junio de 2007 y no haber cometido delitos graves. La protección tiene una duración de dos años y se puede renovar.
El gobierno aprobó decenas de miles de solicitudes nuevas y de renovación de los aplazamientos de DACA desde que Trump llegó a la presidencia. Las encuestas muestran que DACA goza de un enorme apoyo entre los ciudadanos.
No obstante, su eliminación complacería a muchos seguidores de Trump que están a favor de la mano dura contra la migración ilegal y que consideran que el programa es casi una amnistía que el presidente no tiene el poder de otorgar.
“No tiene que ver con la política, sino con la Constitución”, dijo Ken Paxton, fiscal general de Texas, que acusó a Obama de abusar de su poder al evadir al Congreso para crear la ley. “El hecho es que no hay ninguna ley que autorice esto”.
A Paxton se le unieron los fiscales generales de Arkansas, Alabama, Idaho, Kansas, Luisiana, Nebraska, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia Occidental, así como el gobernador de Idaho, C. L. Otter, en una carta del 29 de junio dirigida a Jeff Sessions en la que exhortaba a la Casa Blanca a dar inicio a la eliminación gradual de DACA para el 5 de septiembre o enfrentar una demanda.
En 2015, Texas y otros 25 estados obtuvieron una sentencia a su favor para impedir que el gobierno de Obama extendiera la acción diferida a aproximadamente cinco millones de padres indocumentados de hijos que eran ciudadanos o residentes legales, así como a los inmigrantes jóvenes que llegaron entre 2007 y 2010.
La sentencia se confirmó en la apelación y, el año pasado, la decisión de la Corte Suprema fue dividida, con cuatro votos a favor y cuatro en contra, lo cual mantuvo la decisión del tribunal inferior. Si los fiscales generales tienen el mismo éxito al desafiar a DACA, el Congreso tendría que dar a los dreamers una forma de quedarse legalmente en el país. Se han presentado cuatro proyectos de ley con defensores de ambos partidos que resolverían la situación de los beneficiarios de DACA.
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