:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/metroworldnews/274GSSJLBNF3LEKRADEAW3GVM4.jpg)
Manifestantes encapuchados se enfrentaron con piedras a unidades antidisturbios de la Policía francesa, que replicaron con gases lacrimógenos y cañones de agua, los actos de violencia en la manifestación convocada hoy en París contra la reforma laboral que pretende aprobar el Ejecutivo.
La protesta comenzó a las 14:00 hora local en la plaza de la Bastilla. Reunió en las calles de la capital francesa a unas 60 mil personas, según el principal sindicato convocante, la Confederación General de Trabajadores (CGT), y 24 mil según la Policía.
Después de que la manifestación -a la que no se adhirieron ni el primer sindicato del país, la CFDT, ni Fuerza Obrera (FO)- transcurriera en calma durante dos horas, unos 300 encapuchados causaron «desperfectos», principalmente en escaparates y carteles publicitarios.
Tras el comienzo de los disturbios al menos tres personas han sido ya detenidas, según el canal de televisión «BFM TV», que también informó de que un manifestante resultó herido y tuvo que ser trasladado al hospital.
Rechazo a la reforma laboral de Emmanuel Macron
La CGT convocó para hoy una huelga general en todo el país, además de 180 manifestaciones, que darán la medida sobre el éxito real de la movilización contra la reforma laboral promovida por el presidente, Emmanuel Macron, que será aprobada por el Gobierno el próximo día 22. El seguimiento de la huelga ha causado perturbaciones en el transporte aéreo, especialmente entre las compañías de bajo coste, y algunas alteraciones en el servicio de trenes.
La reforma laboral del presidente francés, Emmanuel Macron, persigue flexibilizar el mercado de trabajo para crear empleo y atraer inversiones, para lo que prevé un conjunto de medidas que generan rechazo entre los sindicatos más combativos.
Estos son los principales puntos de una reforma que se aprobará a través de cinco decretos que serán firmados por el Gobierno el próximo día 22:
– Fijación de topes en las indemnizaciones por despido improcedente:
Hasta ahora, el dinero que una empresa debía pagar a un trabajador por un despido improcedente era fijado por un tribunal laboral, lo que hacía difícil conocer de antemano cuál sería su coste.
La reforma propone fijar unos topes para que los empresarios sepan, en el momento de la contratación de un trabajador, cuánto les supondría su eventual despido.
Por cada año, aunque sea incompleto, trabajado en la empresa, la indemnización máxima será de un mes de salario, hasta los diez años de antigüedad. A partir de ese momento, cada año suplementario agrega medio mes de salario, con un límite de 20 mensualidades.
– Primacía de los acuerdos dentro de la empresa sobre el convenio colectivo:
Empresarios y representantes de los trabajadores podrán llegar a acuerdos en determinados puntos que no respeten el convenio colectivo, aunque éste deberá prevalecer en aspectos como la calidad del trabajo, los mínimos salariales o la igualdad profesional.
Sin embargo, se podrán negociar en cada empresa las primas salariales o las pagas extras.
Además, se facilitan los acuerdos de competitividad en empresas, destinados a adaptar salarios y jornadas laborales al contexto económico propio de un sector determinado.
– Simplificación de los despidos por motivos económicos:
Los llamados «despidos económicos», aquellos a los que puede acudir una empresa que no tiene beneficios, serán más sencillos.
El Gobierno prevé que sólo los resultados financieros en Francia de una multinacional sirvan para acogerse a esta medida, lo que permitirá aplicarla a empresas que tienen beneficios a nivel mundial si éstas registran pérdidas en Francia.
Además, también podrán hacerlo por departamentos, de forma que se podrán aplicar despidos económicos dentro de la rama deficitaria de una empresa que, en su conjunto, genera beneficios.
– Legalización de los planes de bajas voluntarias:
Hasta ahora, los llamados «planes sociales», que organizaban las reducciones colectivas voluntarias de las plantillas, no tenían un cuerpo legal, que el Ejecutivo quiere darles en la ley. Esta propuesta es muy criticada por los sindicatos porque consideran que pueden ayudar a que los patronos se deshagan de los más veteranos de su cuerpo salarial.
– Fusión de las instancias representativas de los trabajadores:
Las diferentes instancias representativas de los trabajadores (los liberados sindicales, el comité de empresa, los de higiene, seguridad y condiciones laborales) se unificarán en el Consejo Social y Económico que tendrá que tener cada empresa de más de 50 trabajadores.
