Publican decreto que expide Ley de Seguridad Interior

El presidente Enrique Peña Nieto promulgó la tarde de este jueves la Ley de Seguridad Interior, por lo que a partir de este viernes entrará en vigor; no obstante, no fue emitida su declaratoria hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revise su constitucionalidad.

Al clausurar la 43 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el titular del Ejecutivo federal señaló que esta decisión de enviar la ley al Poder Judicial surge de la petición de organizaciones de la sociedad civil, colectivos de derechos humanos y académicos de ampliar el debate sobre si está apegada a ordenanzas de la Constitución.

“Corresponde únicamente a nuestro máximo tribunal decidir cuándo una norma se apega a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. De acuerdo, con nuestro marco jurídico, la Suprema Corte solo puede pronunciarse sobre una ley una vez que esta es promulgada”, manifestó.

Peña Nieto reconoció que esta norma es sumamente sensible a la vida pública del país, por ese motivo, se comprometió a no emitir ninguna declaratoria de Seguridad Interior durante los meses que el máximo tribunal decida sobre su constitucional.

Agregó que de esta forma la Suprema Corte será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva, lo cual no significa, que dejara de haber intervención de la Federación en materia de seguridad pública en los estados del país que lo necesiten.

El presidente defendió que la intervención de las Fuerzas Armadas se encuentra prevista en la fracción sexta del Artículo 89º de la Constitución desde 1917. “No obstante, hasta hoy, esa atribución ha tenido que ser ejercida sin el respaldo de une ley reglamentaria” la cual se traduce en incertidumbre para los cuerpos militares.

Frente a gobernadores, alcaldes y secretarios de Estado, el primer mandatario llamó a complementar esta ley tomando una postura sobre el largo debate para conglomerar a las policías municipales en 32 policías únicas estatales.

Uno de cada cuatro municipios del país no cuenta con policía local

En ese mismo tema, el presidente de México llamó a los gobernadores a fortalecer sus instituciones de seguridad para proteger a la población contra la amenaza de la criminalidad.

Ahondó en que alrededor de 600 municipios- los cuales representan el 24% del total de alcaldías en el país- no cuentan con una fuerza policial propia.

“Esta debilidad institucional ha sido aprovechada por organizaciones criminales para incrementar su actividad delictiva en algunas zonas, y en ocasiones, para intentar tomar el control de esos territorios”, aseguró.

Destacó que por esa razón las Fuerzas Armadas salieron a las calles hace más de una década para auxiliar a la población en las tareas de seguridad pública.

“Su despliegue en distintas entidades no pretende suplir sino complementar las capacidades de los cuerpos de seguridad civiles y locales”, dijo Peña Nieto. Añadió que de ninguna manera las Fuerzas Armadas han acudido a las entidades sin antes ser solicitadas por los gobiernos locales.

¿Qué es el Consejo Nacional de Seguridad Pública?

El Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) es el órgano superior del SNSP, y es presidido por el presidente de la República, e integrado por los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, el procurador General de la República, los gobernadores de los estados, el jefe del Gobierno de la Ciudad de México, el comisionado Nacional de Seguridad, y el secretario ejecutivo del SNSP.
Está compuesto por tres comisiones integradas por funcionarios de diversos órdenes de gobierno, las cuales son: Prevención del Delito y Participación Ciudadana; Certificación y Prevención e Información. Entre sus atribuciones están:

1. Establecer lineamientos para la formulación de políticas generales en materia de seguridad pública.
2. Promover la efectiva coordinación de las instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública y dar seguimiento a las acciones acordadas.
3. Promover y evaluar la homologación del sistema de desarrollo policial y del modelo de procuración de justicia.
4. Vigilar la distribución y aplicación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) para las entidades federativas.
5. Expedir políticas en materia de suministro, intercambio, sistematización y actualización de información.

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