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La Ley de Seguridad Interior promulgada este jueves 21 de diciembre ha sido severamente criticada por organizaciones internacionales, no gubernamentales y por la ciudadanía ante el aumento de violencia que su implementación podría ocasionar.
Su proceso en el Legislativo estuvo acompañado por fuertes protestas que denunciaban la ‘militarización’ del país y que defendían su posicionamiento con episodios de la historia de México donde el Ejército intervino en una tarea de seguridad pública y terminó con homicidios, irregularidades y claroscuros.
Esta legislación busca dotar a las Fuerzas Armadas de un marco legal para actuar en las tareas de seguridad pública cuando el presidente de la República así lo determine a través de la petición de un mandatario estatal.
De esta forma, las autoridades podrán saber cómo, cuándo y dónde las Fuerzas Armadas intervendrán para garantizar la seguridad de la población.
Sin embargo, los opositores reclaman falta de transparencia en la ley al volverse clasificada cualquier información sobre la intervención del Ejército en estas tareas, además de que los estados debería invertir en la capacitación de sus corporaciones policiacas antes de mandar al Ejército para solucionar un evento ciudadano.
Si bien el Ejército ha sido un pilar fundamental en desastres naturales, como el Plan DN-III y Plan MX, también ha sido protagonista de episodios de violencia que han quedado llenos de dudas e irregularidades, tales como:
Tlatlaya
El 30 de junio de 2014 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó sobre un ‘enfrentamiento’ ocurrido en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, en el cual resultaron muertos 22 presuntos agresores (21 hombres y una mujer).
Una semana después un reportaje de una agencia de noticias detonó la bomba pues en el lugar del ‘enfrentamiento’ no había huellas de éste sino de lo que apuntaba a una ejecución extrajudicial.
Asimismo, otro medio de comunicación presentó el testimonio de un testigo que señaló que 21 de los presuntos delincuentes habían sido asesinados luego de rendirse ante los militares.
Cuatro meses después, la CNDH señaló que ocho elementos de la Sedena ejecutaron a 15 de las 22 personas, de los cuales dos eran menores de edad, todos se habían rendido y estaban desarmados. De igual forma, informaron que la escena de los hechos había sido manipulada por los soldados involucrados para que pareciera un enfrentamiento.
La Comisión pidió a la Sedena, PGR y a la Fiscalía del Edomex aclarar el caso que a más de tres años sigue sin ser escalrecido.
Ayotzinapa
El 26 de septiembre de 2014, unos 100 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa se dirigieron a Iguala para abordar una autobús rumbo a la Ciudad de México para participar en la manifestación del 2 de octubre. Sin embargo, en la noche, un grupo de delincuentes en complicidad con la policía secuestraron un autobús con 43 estudiantes lo cuales fueron asesinados en dudosas situaciones.
Algunos de los testigos denunciaron que el mismo Ejércitos fue cómplice de este episodio pues tenía conocimiento de la desaparición de estos normalistas.
De acuerdo al libro ‘La verdadera noche de Iguala’, militares del 27 batallón de Infantería de Iguala participaron en la desaparición de los estudiantes bajo las órdenes de un capo del crimen organizado.
La periodista coautora del libro señala a través de entrevistas a narcotráficantes, testigos y a través de un documento confidencial de la PGR que la misma Visitaduría General de la institución instruyó a investigar a este batallón para conocer su responsabilidad.
A más tres años de lo ocurrido aún se desconoce a qué grado fue la injerencia de los militares en este episodio.
Palmarito Tochapan
Desde el 13 de marzo de esta año el Ejército se había instalado en la región del Triángulo Rojo en el estado de Puebla ante el aumento del robo de combustible y la presencia del crimen organizado. La situación se detonó el 3 de mayo cuando el Ejército cayó en la trampa de un grupo delictivo para que estos se retiraran de la zona lo que detonó un enfrentamiento.
El enfrentamiento entre personal de la Sedena y supuestos “huachicoleros” dejó seis civiles y cuatro soldados muertos. Sin embargo, un video mostrado por medios locales mostraron que hubo ejecuciones extrajudiciales perpetradas por los elementos castrenses a ciudadanos después del enfrentamiento.
En el video se observa como un grupo de presuntos militares detienen a tres personas a bordo de un vehículo y uno de ellos da el tiro de gracia un hombre desarmado después de arrastrarlo.
La situación causó gran polémica y derivó en la captura del sargento que cometió el homicidio, no obstante, los pobladores acusaron abuso de autoridad e intervención de los militares en cateos.
Tras este episodio, Amnistia Internacional declaró que las Fuerzas Armadas mexicanas “estaban fuera de control” y condenaron la mera idea de permitir que el personal militar detenga a personas e investigue delitos es indignante a la vista del trágico historial de derechos humanos.
La masacre de Acteal
En diciembre de 1997 sucedió una masacre donde fueron asesinados 45 indígenas tzotziles en Acteal, Chiapas mientras se encontraban orando en una ermita.
Aunque el informe señala que la matanza fue a causa de presuntos conflictos entre pueblos indígenas, diversas fuentes jurídicas consideran que la investigación y el procesos judicial estuvo mal hecho ya que no se analizaron todas las pruebas y hubo graves omisiones que hace el crimen siga impune a 20 años de distancia.
Según fuentes periodísticas, el hallazgo de casquillos correspondientes a armas exclusivas de las Fuerzas Armadas presuponen la intervención del Ejército en esta masacre; sin embargo, el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo negó rotundamente esta acusación.
Asimismo, testigos señalan que la milicia dotó a pobladores de estas armas y les enseñó a utilizarlas para que cometer este crimen.
Al final, 26 indígenas fueron identificados por los deudos de las víctimas como los autores de los crímenes y fueron llevados ante la justicia, en 2009 les fue otorgado un amparo, pues la SCJN determinó que la PGR había fabricado pruebas en su contra.
2 de octubre de 1968
El episodio más emblemático del uso del Ejército contra la población, sin lugar a dudas, sucedió el 2 de octubre de 1968.
Tras meses de protestas, el movimiento estudiantil fue reprimido en una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas por un grupo paramilitar denominado Batallón Olimpia; por la Policía Secreta y el Ejército mexicano ordenado por el presidente Gustavo Días Ordaz.
Según los testigos, un helicóptero lanzó bengalas entre la multitud y los militares abrieron fuego contra los universitarios. Aunque no se sabe con exactitud la cifra de muertos o heridos (ya que el Gobierno ocultó la evidencia), se calcula que aproximadamente 400 estudiantes fueron asesinados.
Algunos de los estudiantes fueron llevados al campo militar donde fueron torturados, desaparecidos y amedrentados para buscar detener al Consejo Nacional de Huelga y las protestas previo a la celebración de las Olimpiadas unos días después.
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