La Procuraduría General de la República (PGR) tiene una bolsa de 381 millones de pesos de recompensa para quienes ofrezcan datos fidedignos que ayuden a dar con el paradero de 26 prófugos de la ley.
En su página de internet, la dependencia federal detalla los perfiles –con fotografías o retratos hablados– de los presuntos culpables, así como pormenores de los delitos por los que son buscados.
La oferta de incentivos varía, la más baja es por un millón de pesos y se dio a conocer desde 2013 para localizar a un sujeto cuyo nombre no está identificado, pero en la imagen se ve su rostro y además porta un arma larga. Se le acusa de delincuencia organizada, daño en propiedad ajena y los que resulten.
Las recompensas más altas alcanzan los 30 millones de pesos y se ofrecen a quienes aporten pistas para ubicar a dos líderes del cártel del Pacífico; Ismael Zambada García, alias «El mayo Zambada» y Juan José Esparragoza Moreno, señalados por delitos contra la salud, acopio de armas de fuego y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Los montos medios son por 15 millones de pesos y están a disposición para quien ayude a ubicar a 18 presuntos delincuentes. La mayoría de los perfiles de este grupo de prófugos no cuenta con fotografía.
La logística en la entrega
La PGR detalla que el Programa de Recompensas garantiza la confidencialidad del ciudadano que denuncia, por lo que se compromete a que la identidad del colaborador se mantenga bajo la más estricta reserva y confidencialidad; librando del riesgo también a su familia.
Una vez que la autoridad recibe la información la corrobora y, de ser cierta, tramita la entrega de la recompensa, bajo alguno de los dos esquemas contemplados.
Puede ser en un solo pago o en pagos programados, mediante depósito bancario o en efectivo.
Eficacia en el mecanismo
Sin embargo, esta modalidad de cooperación de la ciudadanía con las autoridades no es muy efectiva, pues de 2010 a la fecha el Gobierno federal sólo ha entregado siete estímulos.
De acuerdo con una solicitud de información, hace ocho años se entregaron dos recompensas, una por un millón 332 mil pesos y otra más por tres millones de pesos.
En 2011, se otorgaron cinco recompensas que alcanzaron 30 millones de pesos, 10 millones, cuatro millones, un millón y medio, y un millón de pesos, respectivamente.
Pedro Isnardo de la Cruz, especialista en temas de seguridad y académico de la UNAM, comentó a Publimetro que el programa necesita redimensionarse, tanto en su lógica, como en su alcance y el sistema de restitución de los fondos para dicha estrategia.
¿Este programa de recompensas de la PGR es funcional?
– Es necesario que se de actualización de las convocatorias para que la sociedad tenga participación más expedita, no sólo a escala individual. La PGR debe dar mayor certeza sobre la secrecía, confidencialidad y protección de la vida de las o los denunciantes, porque el sistema de desconfianza, sospecha y fusión entre la criminalidad y las autoridades policiales, ministeriales y de procuración despierta tal duda sobre su actuación que si esto no se modifica de raíz se puede tener una colaboración y una respuesta mucho más comprometida por la ciudadanía.
También puede ser funcional para ciertos casos. Los incentivos muchas veces no resultan a tiempo, por ejemplo después de un año o varios se activa el esquema de convocatoria a la recompensa cuando se debió de hacer con carácter más expedito para que la búsqueda de personas involucradas con delitos o procesos de desapariciones sea efectiva.
¿Es suficiente la información que se ofrece por parte de las autoridades?
– Se necesita una reestructuración integral tanto del nivel de respuesta y eficiencia con el que se pretende atender la comisión de delitos o la captura a un presunto líder de un cartel o de una banda criminal. En el fondo no hay un proceso integral de la información que se ofrece a la ciudadanía, en cuestión de la fisonomía, la identidad o la información que se les brinda es muy pasiva, carente de detalles y la trayectoria del presunto que es buscado y que es blanco de recompensa.
Es un proceso divorciado, por un lado es la convocatoria y el esquema de recompensa que es fundamental y por otro que existe una desconfianza estructural y el hecho que los esquemas de garantía de riesgo de los posibles participantes en proveer o denunciar a particulares o presuntos involucrados en la preservación de la identidad no implican un proceso de preservación de identidad y garantía de vida.
Los buscados:
- Juan José Esparragoza Moreno, 30 millones de pesos
- Ismael Zambada García, 30 millones de pesos
- «El papas», 15 millones de pesos
- «El Huevo», 15 millones de pesos
- Juan Pablo Ledezma, 15 millones de pesos
- «Colitas», 15 millones de pesos
- «El Tony», 15 millones de pesos
- «El Junior», 15 millones de pesos
- «El Monterrey», 15 millones de pesos
- «El Tita», 15 millones de pesos
- «La Kitty», 15 millones de pesos
- «La Beba», 15 millones de pesos
- «El Negro», 15 millones de pesos
- «El Chimpas», 15 millones de pesos
- «El Flaco», 15 millones de pesos
- «El Casillas», 15 millones de pesos
- Oscar Morales Alvarado, 15 millones de pesos
- Raúl Jaime Santamaría Méndez, 15 millones de pesos
- Marío Alberto Bayado Hernández, 15 millones de pesos
- Juan Pablo Guijarro Fragoza y/o Fragozo, 15 millones de pesos
- Gerardo Mendoza Chávez, 10 millones de pesos
- Juan Carlos Tufiño Díaz, 10 millones de pesos
- Maxiley Barahona Nadales, 10 millones de pesos
- José Antonio Cueto López, 10 millones de pesos
- Kenia Rocío Priego Alarcón, 10 millones de pesos
- Sin identificación, un millones de pesos
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