A mí no me van a encontrar un departamento en Miami: Rosario Robles

"Soy la primera y más interesada en que esta investigación se haga a fondo", explicó Rosario Robles Berlanga, titular de la SEDATU

Por Notimex

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, dijo que se debe aplicar la ley a quienes resulten responsables por las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación.

En entrevista televisiva con Carlos Loret de Mola, para el noticiero Despierta, comentó que pidió al periódico Reforma presentar las pruebas ante la Procuraduría General de la República (PGR), de que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) o la Sedatu hubieran triangulado recursos, como señala su publicación, pero no se presentaron.

"Ayer no se presentaron, no hay tales pruebas. Quiero aquí ser muy clara, se habla de que la Auditoría Superior de la Federación acusa a la Sedatu y la Sedesol, en su momento, de un desvío, pero nunca se utiliza la palabra desvío, habla de irregularidades de muchas dependencias públicas”.

En ese sentido, añadió que se establecieron estas irregularidades y como dependencia se tienen que ir solventando, y en las que no se acrediten, se procede ante la Secretaría de la Función Pública a pedir sanciones administrativas y penales.

“Soy la primera y más interesada en que esta investigación se haga a fondo”, refirió, e incluso dijo desde agosto pasado solicitó a la Función Pública que hiciera un análisis de su evolución patrimonial.

Le pedí a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con José Meade al frente en ese entonces, que la unidad de inteligencia financiera hiciera un estudio de todas mis transacciones financieras en México o si había en el extranjero”.

“Quiero acreditar mi absoluta voluntad de que esto se investigue profundamente. Así lo he hecho e instruido, y las empresas que han sido señaladas, ninguna tiene un vínculo ni con Sedesol, en su momento a mi cargo, ni con Sedatu”.

Es legal contratar a universidades: Robles

Sobre la contratación de servicios con universidades, dijo que se trata de un mecanismo absolutamente legal, cuando una institución pública contrata por el artículo 1 de adquisiciones a otra autónoma.

“Lo que el encargado del despacho de la auditoría dice es que ven un riesgo por la utilización de este artículo, por su discrecionalidad, entonces que lo cambie la Cámara de Diputados. A mí como Secretaría me corresponde, a las áreas que convinieron con esos entes, acreditar que los entregables están”.

Al respecto comentó que existen dos mecanismos de control, uno es de la institución que contrata, que tiene que verificar que lo que contrató le sea entregado, y otra cómo hace sus licitaciones el ente público autónomo, y cómo procede internamente.

Sobre los programas que se señalan no haber entregado, explicó que hay un fondo para estados y municipios de combate a la pobreza que se había utilizado para otras cosas que no eran su objetivo, por lo que se reorientó y se formó una figura de coordinador técnico municipal, por lo que se contrató vía universidades.

 

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