El secretario del Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifrián, afirmó que es necesario fortalecer las políticas públicas para obligar a las empresas de subcontratación (outsourcing) a cumplir con la legislación laboral y con los requerimientos fiscales.
Entrevistado al término de la ceremonia conmemorativa del Día Nacional por la Inclusión Laboral, expuso que el plazo que se había dado el Constituyente de un año para aprobar la ley secundaria en materia de justicia laboral se está venciendo.
Mencionó que hay avances en la discusión de este tema tan importante para el mundo laboral «y esperamos que antes de que concluya este periodo ordinario de sesiones sea aprobada tanto por el Senado de la República como por la Cámara de Diputados».
Uno de los temas más ríspidos y delicados, dijo, era el de «outsourcing» y la Secretaría del Trabajo fijó su postura respecto a que no debía formar parte de esta propuesta.
Después de excluir este tema, abundó, hemos conversado con los representantes de los diferentes factores de la producción y se acordó que este tema estorba en la discusión de las reformas secundarias en materia de justicia laboral.
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Hizo notar que el Artículo 15 A de la Ley Federal del Trabajo establece con toda claridad el tema de la subcontratación y la forma en que los patrones deben asumir su responsabilidad con sus trabajadores.
#SabíasQue El Distintivo Empresa Incluyente se apega al concepto de trabajo digno o decente y prohíbe la discriminación por causas de discapacidad para el acceso, desarrollo y permanencia en un #empleo. pic.twitter.com/9hp98Wbs8f
— STPS México (@STPS_mx) February 27, 2018
Necesitamos, abundó Campa Cifrián, que los patrones cumplan plenamente en materia laboral con lo que establecen las tres disposiciones que hay en esta materia.
Asimismo, las empresas de «outsourcing» deben asumir su responsabilidad fiscal. “Los empresarios que se dedican a la subcontratación tienen obligaciones que cumplir con sus trabajadores».
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Por ello, insistió el secretario, es necesario fortalecer las políticas públicas para que se cumpla con la ley en este sector.
En este marco Roberto Campa resaltó que la informalidad en México se ha reducido en un tres por ciento, ya que seis de cada 10 mexicanos se encuentran en esta situación, sin protección social y percibiendo salarios más bajos.
En ese sentido comentó que no hay problemas de desempleo en el país, sino de informalidad laboral, aunque «a pesar de esta cifra se ha reducido este fenómeno económico en el país en más de tres por ciento».
El encargado de la política laboral del país estableció que el balance en general en este sector es positivo, pues se ha logrado reducir en 600 mil el número de menores de edad que trabajan, se ha incrementado el empleo para personas de la tercera edad, así como para aquellas con alguna discapacidad.
