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En el entramado de las supuestas operaciones de lavado de dinero de Ricardo Anaya, las miradas se dirigen a dos empresas y un socio del aspirante presidencial.
La empresa DG Diseños y Construcciones S. de R.L. de C.V., pertenece a Eduardo de la Guardia Herrera y de acuerdo con un reporte de Milenio, estuvo presente en las operaciones financieras trianguladas en el caso de la Fundación por Más Humanismo así como en la construcción de la nave industrial en Querétaro, la cual fue vendida en 54 millones de pesos a Manuel Barreiro a través de la empresa fantasma Manhattan Master Plan.
Barreiro es quien vendió el terreno donde se construyó la nave industrial a través de otra empresa de nombre Park Development S. de R.L. de C.V. y Juni Serra S. de R.L. de C.V., propiedad de Anaya Cortés, la cual realizó la compra, misma que enajenó la construcción al empresario.
DG Diseños y Construcciones, empresa de De la Guardia, edificó el inmueble de la Fundación por Más Humanismo, de la que también es creador y se vendió en 7.8 millones de pesos a la empresa Agacel Agregados y Asfaltos en abril de 2016, época en la que Anaya era presidente nacional del PAN.
La constructora de Eduardo de la Guardia recibió de esa cantidad en dos operaciones 3 millones 300 mil pesos de nave industrial, que equivale a 68% de lo que recibió por toda la obra a través de otra empresa, JV Construcciones Civiles, que en 2010 hizo un depósito en la fundación para la compra del terreno donde se construyó la fundación.
De acuerdo con Milenio, se han descubierto, hasta el momento, que en las dos operaciones financieras hay un modus operandi similar.
A mediados de febrero, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció que se indagan hechos “probablemente constitutivos de lavado de dinero”, entre los que se mencionó a Manuel Barreiro, el empresario que compró la nave industrial propiedad de Anaya.
El seguimiento de la PGR
Hasta el momento, la Procuraduría General de la República (PGR) ha referido que investiga hechos “probablemente constitutivos de lavado de dinero”, entre los que se mencionó a Manuel Barreiro, el empresario que compró la nave industrial propiedad de Anaya.
Ello, derivado de la denuncia recibida el 26 de octubre de 2017 sobre presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Con motivo de la indagatoria, la dependencia confirmó la realización de cateos a diversos inmuebles, aseguramiento de cuentas bancarias y solicitó alertas migratorias a escala mundial.
La PGR acotó que “las investigaciones se conducen, entre otros propósitos, para el esclarecimiento de los hechos no contra personas”.
La respuesta se da en el marco de los señalamientos de Ricardo Anaya acerca de que la institución emprendió una guerra sucia contra el candidato presidencial.
