El combate real a la seguridad requiere de una nueva política de armas; para evitar que éstas caigan en manos de la delincuencia organizada.
Así como una redefinición o reclasificación de los delitos que causan mayor impacto en nuestro país; como la extorsión y la extinción de dominio; además de homologar las facultades del Ministerio Público.
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Estos fueron los planteamientos centrales del candidato de la Coalición Todos Por México, José Antonio Meade, durante su participación en la 81 Convención Bancaria, en Acapulco, Guerrero.
Al referirse a los problemas de inseguridad del país, Meade señaló que la violencia está relacionada directamente con la disponibilidad de armas; ya que el crimen organizado tiene tantas como el Ejército de Guatemala y de Canadá.
Se calcula, indicó que en México existen entre 500 mil y un millón y medio de armas en manos de los delincuentes; cuando las fuerzas guatemaltecas tienen 150 mil y las canadienses alrededor de 1.7 millones.
Por ello, puntualizó Meade, “se necesita una política de armas” que esté acompañada de una redefinición de los delitos; que permita investigar, perseguir y castigar a los responsables sin el obstáculo del fuero común o federal.
Redefinición de delitos: Meade
El candidato de la Coalición Todos por México, señaló que la reclasificación de los ilícitos pasa por la modificación de la ley de extinción de dominio; para frenar los ingresos de las organizaciones criminales y detener sus operaciones simuladas.
Ante los banqueros y autoridades financieras del país, afirmó que es necesario homologar las atribuciones y facultades de los Ministerios Públicos; con el fin de que enfocarse al cómo y las condiciones en que se comente un delito.
Y, con ello, corregir las divisiones entre el fuero común y el federal, que hacen que la extorsión o el robo de autos se queden en el primer hecho; y no trasciendan al castigo de las bandas que están detrás y que operan en varios estados.
De la misma manera, Meade indicó que es necesario garantizar un pleno estado de derecho; a través de organismos autónomos que sometan a juicio a cualquier funcionario, de cualquier nivel.