Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reveló que 34 detenidos relacionados con el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, fueron torturados por las autoridades mexicanas con un mismo modus operandi.
En conferencia de prensa, dijo que derivado de una investigación que iniciaron en octubre de 2014, a unos días de que se surgiera en Iguala el caso de los estudiantes, cuenta con «fuertes elementos de convicción sobre la comisión de tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos».
A través del informe «Doble Injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa», apuntó que estas acciones fueron cometidas por elementos de la PGR, la Policía Federal o la Marina, entre septiembre 2014 y enero de 2015.
Precisó que la presentación de los resultados no pretende establecer otras teorías del caso, ni valorar las existentes; sino buscar el derecho a la verdad y la justicia de los familiares de los desaparecidos.
Además de contribuir a la lucha por desaparecer la tortura en México y para que la PGR se convierta en una Fiscalía General con una verdadera transformación a una institución independiente y profesional.
«No hay riesgo de que los procesos penales de perpetradores se caigan y que los procesales salgan libres ya que toda la evidencia ya está contenida en el expediente. Nosotros no somos defensores del Estado, sino del estado de derecho de todas las personas», acotó.
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El diplomático también advirtió que detectaron un modus operandi en las torturas documentadas, el cual consistió en toques eléctricos, asfixia con bolsas de plástico y agua, agresiones sexuales, golpes y amenazas de muerte hacia familiares.
«Hasta el momento nadie ha sido responsabilizado de las torturas o violaciones a los derechos humanos. No hay funcionarios responsables», dijo y agregó que el gobierno federal sólo ha obtenido dos dictámenes positivos para tortura.
No obstante, señaló que estas prácticas fueron utilizadas por las autoridades para obtener “confesiones espontáneas” de culpabilidad, documentando también, a través de las entrevistas a implicados, testigos y la revisión de los expedientes, irregularidades en las detención, ya que pasaban hasta ocho horas para que los presentaran ante el Ministerio Público.
“No se puede lograr la justicia por violaciones graves de los derechos humano, cometiendo otras violaciones graves de derechos humanos”, acotó.
Este tiempo se utilizó por las autoridades para torturar a las personas, pues aunque intentaron justificar los retrasos argumentando fallas mecánicas y marchas, no se pudieron corroborar; además, en al menos 23 casos se dijo que las lesiones eran resultado de riñas.
«En al menos 23 casos, las personas procesadas han señalado directamente a la Policía Federal Ministerial adscrita a la AIC de la PGR como responsable de actos de tortura ante los jueces de la causa y ante la ONU-DH», señala el documento.
Al respecto, Jan Jarab dijo que estos patrones de agresión hacia los implicados se ha visto en otros casos, por lo que advirtió que en México se está aplicando de forma incorrecta el Protocolo de Estambul.
«A muchos les aplican el protocolo meses después o hasta años y está comprobado que en la mayoría de los casos, los trazos de tortura desaparecen en seis semanas».
Las recomendaciones
El estudio concluye que si los actos de tortura y las violaciones de derechos humanos cometidos no son investigados y sancionadas, y no se excluyen las pruebas obtenidas bajo tortura, se afectan no sólo los derechos de las personas procesadas, sino también el derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas de los hechos ocurridos la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.
Además hace recomendaciones a la PGR, autoridades judiciales y a los tres poderes del país para, en general, llevar a cabo las investigaciones e identificar a los responsables de las detenciones arbitrarias, los actos de tortura y otras violaciones de derechos humanos descritos en este informe.
Así como incorporar la metodología de análisis de contexto en la investigación de las violaciones de derechos humanos para lograr una correcta identificación de patrones y responsabilidades de los superiores jerárquicos.
Y abstenerse de emitir cualquier declaración incriminatoria, denigrante o descalificatoria contra las víctimas de violaciones de derechos humanos, las organizaciones acompañantes o sus representantes y, en general, contra cualquier persona que promueva la erradicación de la tortura en México; así como contra funcionarios públicos que, cumpliendo con su deber, hayan participado en las investigaciones de las violaciones de derechos humanos ocurridas en el caso Ayotzinapa.
