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Senado ratifica polémico TPP; da libertad absoluta a transnacionales y se negoció en secreto, acusan

El acuerdo daría ventajas a empresas transnacionales sobre las nacionales, lo que afectaría directamente a la producción y generación de empleos

El pleno del Senado Mexicano ratificó por mayoría de votos el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) o (TPP-11) con lo que México se convierte en el primero de los 11 países que lo firmaron el pasado 8 de marzo y que presuntamente fue negociada en secreto para dar ventajas a empresas transnacionales.

Con 73 votos a favor, 24 votos en contra y cuatro abstenciones se aprobó el dictamen del CPTPP que lo conforman Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, los cuales conformarán una zona con un intercambio comercial que superará los 3.84 billones de dólares, aunque sin aparentes beneficios para nuestro país.

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El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Ernesto Cordero Arroyo, destacó la aprobación de este acuerdo que involucra el 14% del PBI mundial y 15% del comercio mundial, reuniendo una población de 500 millones de personas que son el potencial mercado para los intercambios comerciales.

Libertad absoluta a transnacionales 

El senador Manuel Barlett dijo en su intervención que esta versión final del TPP es peor que las versiones anteriores, pues da libertad absoluta a inversionistas extranjeros sobre la producción, creación de empleos y generación de empresas públicas en el país.

Indicó que el capítulo dos del documento especifica que ningún país podrá imponer restricción a importaciones de cualquier mercancía de un país foráneo, lo cual disminuiría la producción y la generación de empleo nacional.

En tribuna, leyó los artículos 9 y 11 del tratado que indican que el país está incapacitado para establecer restricciones o condicionar a los inversionistas, así como para limitar el número de instituciones financieras permitidas.

Según el posicionamiento de Bartlett, dichas facilidades a las empresas foráneas no va a beneficiar la producción ni el comercio de México; además de que tampoco permite establecer reglas ambientales que «entorpezcan» el flujo de inversión extranjero.

¿Negociación secreta?

En tribuna, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores para Asia Pacífico, Teófilo Torres Corzo, defendió el proceso de debate y aprobación de este acuerdo y apuntó que nunca se discutió “en secreto, en ningún momento se le negó a nadie la participación en el diálogo ni algún sector productivo mexicano. Y tampoco se ha buscado una aprobación ‘fast track’ como algunos quieren afirmar”.

En 2015, Wikilieaks dio a conocer una versión del tratado, entonces autentificada por Public Citizen, en la que presuntamente se negociaban en secreto normas supranacionales para otorgar privilegios a inversionistas extranjeros por encima de los nacionales, entre los que se pretende que tribunales extrajudiciales resuelvan disputas con las políticas de cada nación.

Según ese documento, las empresas extranjeras podrían exigir compensaciones pagadas por los contribuyentes cuando consideren que las autoridades nacionales no respetan los privilegios financieros, ambientales y de uso de suelo, entre otros, que el propio acuerdo les otorgaría.

Concede a los foráneos el derecho a impugnar acciones que reduzcan el valor de su inversión en lo que el documento llamaba “expropiación indirecta” y elimina la propuesta del borrador de 2012 que obligaba a los inversionistas agotar las vías legales locales antes de promover una demanda.

 

 

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