Decenas de migrantes centroamericanos que llegaron a la frontera sur de Estados Unidos habían decidido entregarse a las autoridades y pedir asilo el domingo, en un desafío directo al gobierno del presidente Donald Trump.
Pero las autoridades de inmigración de Estados Unidos anunciaron que el cruce de San Diego ya estaba ocupado a su máxima capacidad.
Casi 200 migrantes, muchos de los cuales viajan con niños, habían decidido solicitar asilo en el cruce de San Diego debido a que huyen de sus países por miedo a la violencia, dijeron los organizadores de la caravana que los llevó de frontera a frontera por México.
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Pero poco antes de que los migrantes llegaran, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) dijo que el cruce de San Ysidro, en San Diego, no podía aceptar más solicitudes de asilo por el momento. Las instalaciones tienen capacidad para alojar temporalmente a 300 personas, y las autoridades habían estado advirtiendo que podría llenarse.
Rodolfo Figueroa, el principal funcionario de migración en el estado mexicano de Baja California, dijo a los organizadores de la caravana que enviaran un grupo inicial de 20 migrantes para ver si los inspectores consideraban sus solicitudes de asilo.
Nicole Ramos, una abogada que trabaja a nombre de los miembros de la caravana, expresó incredulidad acerca de que las autoridades estadounidenses no podían procesar a más solicitantes de asilo hasta desahogar sus pendientes.
Los migrantes hicieron la travesía a pie, sobre trenes de carga y en autobús durante el último mes. Y muchos de ellos dijeron que temían por sus vidas en sus países de origen.
Las historias
Este domingo más temprano, los migrantes abordaron cinco viejos autobuses escolares para asistir a una manifestación en una playa de Tijuana, donde se les sumaron simpatizantes en ambos lados de la frontera, y algunos treparon la barrera divisora para sentarse o agitar banderas.
Wendi Yaneri García dijo que confiaba en que sería dejada en libertad mientras se procesa su caso debido a que viaja con su hijo de 2 años, quien ha estado enfermo.
“Quiero un lugar donde pueda trabajar y pueda tener a mi hijo”, dijo la mujer de 36 años originaria de Honduras.
Afirmó que la policía de la ciudad de Atlántida la encarceló por protestar contra la construcción de una planta hidroeléctrica y que recibió amenazas de muerte tras ser excarcelada.
Nefi Hernández, de 24 años, dijo que una pandilla de su ciudad natal, San Pedro Sula, en Honduras, lo amenazó de muerte a él y a su familia si es que no vendía drogas. Dijo que pediría asilo junto con su esposa y su hija, quien nació durante la travesía por México.
El futuro de estos migrantes es incierto si piden asilo. Abogados estadounidenses de inmigración les advirtieron que podrían ser separados de sus hijos o que podrían estar detenidos durante meses.
Los solicitantes de asilo generalmente son detenidos durante tres días en la frontera y luego son entregados al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Si pasan una evaluación inicial con un funcionario de inmigración, los solicitantes pueden quedar detenidos o salir en libertad en Estados Unidos, pero con un monitor de ubicación en el tobillo.
