Se disparan en 2450% solicitudes de protección a periodistas

En cinco años, el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha tenido 370 peticiones

Por Jennifer Alcocer Miranda

Las solicitudes para la incorporación al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se incrementaron 2 mil 450%, en tan sólo cinco años.

De acuerdo con el documento "Democracia simulada, nada que aplaudir", que elaboró Artículo 19, el acceso a este mecanismo pasó de cuatro peticiones en 2012 a 102 registradas en 2017.

En el detalle se especifica que el año pasado fue cuando más solicitudes se presentaron ante la Secretaría de Gobernación, pues en 2016 fueron 57, en 2015, 80; en 2014, 73; en 2013, 54 y cuatro en 2012; con un total de 430, 370 aprobadas y 60 rechazadas.

Dentro del estudio se ubicó que en la mayoría de los casos son funcionarios públicos la fuente de riesgo señalada por los periodistas que son beneficiarios del Mecanismo de Protección.

"A pesar de que la propia información oficial de la CNDH revela que la PGR, la Policía Federal, la Sedena, la Secretaría de Marina y la Segob encabezan la lista de autoridades señaladas como responsables de las violaciones de Derechos Humanos contra periodistas", precisa el texto.

En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Artículo 19, precisó que México se convirtió en el país más peligroso para ejercer el periodismo, registrando tan sólo el año pasado dos mil 765 agresiones a periodistas.

Y la mayoría de los agresores fueron por parte de funcionarios públicos, seguido de causas desconocidas, agresiones de un particular, crimen organizado y partidos políticos.

En la relación de adscripción de funcionarios públicos sugeridos como fuente de riesgo por periodistas que accedieron al mecanismo se identifican al menos a 50 autoridades municipales, 37 policías estatales, 28 gobernadores o jefes de gobierno, 13 integrantes del Ejército, siete de la Policía Federal y tres de la Marina.

Lectura profunda

Leopoldo Maldonado, Abogado especialista en derechos humanos y coordinador del Programa Legal de Articulo 19, subrayó la necesidad de que esta problemática se pondere en la agenda pública de los candidatos presidenciales.

¿Cuál es el panorama actual?

–Es problema de voluntad política y de priorizar en la agenda pública el terrible daño que se está provocando a la democracia con la violencia hacia la prensa. Evidentemente mientras no se reconozca la importancia de este tema, sin demeritar la violencia generalizada que se vive en México, el panorama de violaciones de Derechos Humanos, diversos organismos internacionales en sus diferentes visitas al país sin tomar en cuenta que requiere medidas y atención específica que en una política amplia que atienda los problemas de violencia contra la prensa tiene como objetivo que se deje de informar sobre temas de seguridad, de corrupción y va directamente vinculado con la violencia perpetrada en contra de la población en general.

Se trata de matar al mensajero a través de diferentes formas de violencia para que no se hable del ejercicio arbitrario de poder de la convivencia entre autoridades de distintos niveles con grupos delincuenciales que están provocando esta violencia, entonces, mientras no se reconozca como parte de una agenda prioritaria nacional, el mitigar o erradicar la violencia contra la prensa esto no va a cambiar.

Es un tema de voluntad política que tiene que ir acompañado de la implementación de medidas eficientes y efectiva a través de las leyes y instituciones que ya existen, pero que no funcionan y que son ineficaces.

¿Qué es necesario que hagan las autoridades para contrarrestar este panorama?

–Hay que asumir un diagnóstico correcto de qué es lo que está pasando con la violencia contra la prensa en México, en los últimos años el mayor número de agresiones perpetradas contra la prensa es por funcionarios públicos de nivel federal y estatal, entonces mientras no se reconozca que es el propio estado perpetrados y, paradójicamente, garante de la libertad de expresión no se van a tomar las medidas adecuadas.

¿Qué proponen?

–Como parte de las medidas que estamos promoviendo de cara al cambio de poderes Ejecutivo y Legislativo a nivel federal, estatal y municipal en este 2018, es la adopción de una agenda mínima en materia de libertad de expresión que prevé desde la adopción de medidas de coordinación entre las diferentes instancias competentes como el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Fiscalía especial de libertad de expresión de la PGR y sus homologas locales en las procuradurías de los estados que algunas tienen, la propia Comisión de Derechos Humanos.

Crear una estrategia nacional de Protección a la Liberad de Expresión en donde se tome en serio la prevención y el abatimiento a la impunidad. que se complementen las medidas de protección con una investigación eficiente y efectiva, no se pueden dar medidas de protección eternamente, bajo la lógica de que nunca se van a castigar a los perpetradores, si la fuente de riesgo para los periodistas permanece en el aire.

También hay que abordar el ámbito legislativo, tanto la efectiva de los códigos penales de ocho estados que mantienen vigentes los delitos contra el honor, que son: difamación, calumnia e injurias, como otros delitos que inhiben la libertad de expresión, como el halconeo, el ultraje y los llamados delitos de anti-memes, todo deje de generar un compromiso por parte de los gobiernos locales y federales para incentivar una discusión para que, respetando la soberanía de los estados para que estos delitos se deroguen de los códigos penales y se generen las condiciones para el libre ejercicio periodístico. Teniendo estas condiciones normativas e institucionales se pueden mejorar de manera significativa el ejercicio periodístico en nuestro país.

También mientras no se cambie el ejercicio discrecional de comunicación social para amordazar a medios de comunicación , la violencia contra la prensa se mantendrá con todas sus formas, evidentemente se requiere de un compromiso institucional a nivel de los gobiernos y de los diferentes poderes.

Presupuestos asignados al Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos:

  • 2012- 16 millones de pesos
  • 2013- 21 millones de pesos
  • 2014- 19 millones de pesos
  • 2015- 25 millones de pesos
  • 2016- 38 millones de pesos
  • 2017- 21 millones de pesos

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