Estas son las 11 violaciones a derechos humanos detectadas tras el 19S

El colectivo Ciudadanía 19S detectó 11 principales violaciones a los derechos humanos que han sufrido las personas afectadas por el sismo de septiembre pasado.

Entre estas violaciones destaca un acceso desigual a la asistencia, servicios básicos, y discriminación. Además han tenido dificultades para reemplazar su documentación perdida y un acceso restringido a un sistema judicial imparcial y eficiente.

De igual forma, el colectivo documentó en un informe que las víctimas han sufrido violaciones al derecho a saber. Esto en relación con el acceso a la información, transparencia y participación.

Asimismo, se han enfrentado a afectaciones al goce y ejercicio del derecho a la educación, y violación a la protección, respeto y garantía del derecho a una vivienda digna.

Respecto al derecho al saber, Ciudadanía 19S señaló que el derecho al acceso a la información consiste en la posibilidad de obtener información accesible, oportuna y confiable, situación que no ha ocurrido.

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De acuerdo al informe, esto no ha ocurrido porque no existe información pública sobre los efectos negativos del sismo. Tampoco hay un censo público del total de personas ni de edificios afectados.

Asimismo, no se tiene acceso a un Atlas de Riesgos actualizado y microzonificado que permita determinar parámetros de construcción para una reconstrucción segura.

“A siete meses del sismo, el ejercicio del derecho al acceso a la información y trasparencia de las personas afectadas ha sido limitado, en los cuatro principios que lo componen: acceso universal, máxima publicidad, gratuidad, celeridad y accesibilidad”, destaca el informe del cual Publimetro posee una copia.

Sin derecho a una vivienda digna

La falta de un censo oficial y público de las viviendas afectadas retrasa el derecho a una vivienda digna, subrayó el colectivo.

El derecho a una vivienda digna -dijeron- implica aspectos como la seguridad jurídica de la tenencia, la disponibilidad de servicios y que los gastos de la vivienda no comprometan el logro de otras necesidades básicas.

Por último, señalaron que a pesar de la Ley de Reconstrucción hay una falta de claridad en el proceso de atención al que tiene derecho las personas damnificadas. Es decir, no existe un camino institucional

que señale a qué autoridad recurrir para comenzar un proceso de atención como persona damnificada. Tampoco se especifican los pasos a seguir ni los requisitos para acceder a los programas y recursos financieros que se disponen.

Créditos

En este sentido, diputados locales de Morena y el PRI se han pronunciado por que la reconstrucción de viviendas no le cueste a los afectados.

Sin embargo, el Gobierno capitalino ha comenzado a entregar créditos o enganches para la adquisición de viviendas.

El tema de los recursos destinados a la reconstrucción ha sido muy polémico desde un inicio. Tres diputados locales planeaban decidir sobre ellos. Al final se cambió la ley y estos recursos serán otorgados a través de la Secretaría de Finanzas.

Ayer se anunció que un despacho de auditoría externa (Deloitte) revisará la actuación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) en el tema de los recursos destinados a la reconstrucción.

El Presidente de la ALDF, Leonel Luna, aseguró que el Poder Legislativo no ha intervenido en la definición de las acciones y monto de recursos de la reconstrucción, ya que ello corresponde a la Comisión de Reconstrucción.

Estas conclusiones estarán listas en un plazo no mayor a 10 días hábiles, y serán dadas a conocer públicamente.

Violaciones detectadas después del sismo:

1. Violaciones al debido proceso, acceso a la justicia y certeza jurídica. Esto en relación a la atención de personas afectadas y dictámenes de edificios.
2. Falta de mecanismos adecuados para la aplicación de la ley.
3. Acceso desigual a la asistencia, servicios básicos, y discriminación en la prestación de asistencia.
4. Pérdida de documentación y dificultades para reemplazarla, especialmente debido a la falta de mecanismos adecuados para su obtención.
5. Acceso restringido a un sistema judicial imparcial y eficiente.
6. Falta de mecanismos eficaces para la retroalimentación y presentación de reclamos.
7. Violaciones al derecho a saber, en relación con acceso a la información, transparencia y participación.
8. Afectaciones al goce y ejercicio del derecho a la educación.
9. Violaciones a la protección, respeto y garantía del derecho a una vivienda digna.
10. Afectaciones al derecho a la ciudad en relación a la vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos.
11. Regreso o reasentamiento peligroso de personas desplazadas por el desastre.