Alejan la justicia de los menores de edad en Jalisco

Estudio revela que el sistema estatal no tiene los mecanismos para que los delitos contra niños y adolescentes sean sancionados de forma adecuada; más del 90% de estos ilícitos quedan impunes

Por Héctor Escamilla

Vacíos legales y falta de capacitación de las autoridades provocan que muchos niños y adolescentes de Jalisco vivan en un estado de indefensión ante los delitos, destaca un reporte desarrollado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y otros organismos.

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Según el informe La Infancia Cuenta en México 2017, presentado este miércoles en Guadalajara, en Jalisco hay pendientes para que los menores tengan acceso a la justicia a pesar de vivir en un ambiente rodeado de violencia, narcotráfico, extrema militarización, así como un incremento de desapariciones forzadas y homicidios.

Juliana Riascos Valencia, enlace regional norte de Redim, explicó que en el caso de los hogares de Jalisco, 38% tienen una víctima de la delincuencia menor de edad, pero sólo uno de cada 10 hechos se denuncia y en apenas 3% de estos ilícitos querellados se abre una carpeta de investigación o llega a judicializarse. La cantidad de delitos que concluyen con sentencia es ínfima.

“Jalisco tiene muy alta la población de niños y niñas adolescentes, 2.5 millones, y uno de cada 10 sufre una carencia social en su casa”, explicó Riascos Valencia, quien mencionó que desde ese momento se están vulnerando sus derechos. Reconoció que aunque la autoridad estatal afirma que su sistema de atención a niños y adolescentes es de lo mejor (e incluso recomienda replicarlo en otros estados), en realidad no está bien articulado.

Sandra Mejía, encargada de Legislación y Política Pública del Redim, ahondo en el tema y explicó que el sistema de justicia no está diseñado para la atención de menores de edad y tampoco hay suficientes datos estadísticos para entender el problema.

Destacó que si bien en 2014 se aprobó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, muchos juzgados y fiscalías tienen una visión “adultocéntrica” del tema, es decir, el sistema está diseñado para tratar a los menores como mayores, cuando el acercamiento debe ser distinto.

“El delito afecta a los niños de tres maneras: son víctimas de los delitos como tal, pueden ser testigos o tienen afectaciones colaterales o secundarias… ¿qué hacemos con todos ellos? ¿cómo los atendemos? (…) la violencia, pobreza, exclusión social, la desigualdad, la vulnerabilidad, con factores que deberían garantizar para ellos un mayor acceso a la justicia”, señaló la especialista.

Obstáculos para que adolescentes y niños accedan a la justicia, según Redim:

  1. Visión tutelar y de propiedad hacia los menores: Se da por hecho que los niños y adolescentes “pertenecen a alguien” y requieren la compañía necesaria de adultos para ejercer su derecho de a acceso a la justicia.
  2. Ausencia de mecanismos efectivos para la denuncia: El menor, víctima del delito, tiene que acudir a diversas instancias para ser atendido, declarar o carearse, generando desgaste e incluso afectaciones psicológicas.
  3. Carencia de espacios adecuados y personal capacitado: No todo el personal reconoce como debe ser el trato hacia un menor víctima de delito o cuenta con instalaciones propias para su atención. Esto se repite, por ejemplo en hechos de agresión sexual.
  4. Falta de protección durante los procesos de justicia: No hay suficientes medios para evitar que él o los agresores de los menores sigan en contacto con sus víctimas. Además, hay procesos, incluso en la denuncia, donde la misma autoridad puede revictimizar al menor agraviado.
  5. Impunidad en el proceso: Es diminuta la cantidad de ilícitos contra menores que culmina en sentencia condenatoria. El menor agraviado, en la mayoría de las ocasiones, nunca verá justicia ante el ilícito perpetrado en su contra.
  6. Falta de información: Hay un desinterés de la autoridad por generar datos estadísticos para conocer las condiciones del acceso a la justicia de menores de edad. Sin esta información es complejo generar políticas al respecto. 

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