En México seis personas en promedio son asesinadas al mes por su orientación sexual, reflejo de que la violencia en contra de la comunidad LGBT+ no ha disminuido en el país, informó la organización Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidiana.
De acuerdo con el Informe “Violencia, impunidad y prejuicios. Asesinatos de personas LGBTTT en México 2013-2017”, de Letra S, de enero de 2013 a diciembre de 2017 al menos 381 personas de la comunidad LGBT+ fueron asesinadas en México, presuntamente, por su orientación sexual o la identidad o expresión de género.
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En los primeros cuatro meses de 2018, Letra S registraó por lo menos 24 asesinatos de personas LGBT+: 15 víctimas eran mujeres trans, ocho eran hombres homosexuales y una mujer lesbiana.
En el marco del Día Nacional de Lucha Contra la Homofobia, que se celebra cada 17 de mayo, el documento detalla que en promedio se registran 76 asesinatos por año, pero 2017 no sólo fue el año más violento para México, sino también para la comunidad LGBT+, pues 95 personas fueron asesinadas.
Las mujeres trans (travestis, transgénero y transexuales) fueron las más afectadas por este tipo de violencia con 209 asesinatos, lo que representa 55 por ciento del total de casos.
La comunidad trans es seguida por los hombres gays u homosexuales con 158 asesinatos, equivalente a un 41% de los registros, y al menos tres mujeres lesbianas fueron asesinadas en ese periodo de tiempo, seis hombres bisexuales.
Otro dato alarmante es que 14 de las víctimas eran defensoras o promotoras de los derechos LGBT; así mismo, 8 eran portadoras del VIH; y 3 eran migrantes centroamericanas.
El promedio general de edad de las víctimas fue de 35 años y Veracruz es el estado con mayor número de casos con 30 homicidios LGBT en su territorio; seguido por Chihuahua con 28 registros; Quintana Roo con 27; Estado de México y Guerrero con 25 cada uno; Puebla con 22; y Tamaulipas con 20.
Actuación fallida de fiscalías y procuradurías
Letra S denunció que la actuación de las fiscalías y procuradurías estatales, sobresale la poca relevancia que otorgan a la orientación sexual y a la identidad de género de las víctimas, pues sólo en el 10% de los casos se menciona al crimen de odio como posible línea de investigación.
“Policías, agentes ministeriales, fiscales y jueces suelen compartir los mismos prejuicios hacia las personas LGBT que los homicidas”, explica.
El documento también identifica a la falta de sistemas de registro y documentación oficiales como el principal obstáculo al cumplimiento de la obligación del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia que se ejerce contra las personas LGBT+.
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