El Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX) determinó adelantar desde este lunes el resguardo de vehículos y aparatos de comunicación oficiales, lo mismo de bodegas a disposición de la administración pública, con el fin de evitar su uso con fines electorales.
Originalmente se tenía previsto que la veda electoral en la CDMX comenzara hasta el viernes 29 de junio a las 21:00 horas, sin embargo, se adelantó tras el hallazgo de despensas en una camión de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) local, asunto por el cual también se suspendió al director Ejecutivo Regional Sur, Iván Covarrubias.
El GCDMX, a través de la Secretaría de la Contraloría General, advirtió asimismo a las personas servidoras públicas se abstengan de participar en el proceso electoral.
Los vehículos y aparatos de comunicación deberán entregarse para su resguardo en las Direcciones Generales de Administración u homólogas de cada ente público. En tanto, personal de la Contraloría General inició las visitas a almacenes y sub almacenes en los que colocará sellos informando del resguardo provisional de bienes para programas sociales.
Como parte del Programa de Vigilancia Electoral iniciado el pasado 7 de febrero, la Secretaría de la Contraloría General ha efectuado 676 visitas a almacenes y sub almacenes: 141 a dependencias, 187 a delegaciones y 348 a entidades; ha realizado otras 2 mil 586 acciones de inspección a las áreas de la administración pública: 526 a dependencias, mil 033 a delegaciones y mil 027 a entidades.
Las denuncias
La Contraloría General desahoga investigaciones sobre 156 expedientes derivados de denuncias relativas a presuntas faltas administrativas de servidores públicos en relación al proceso electoral.
Los expedientes se desprenden de 230 denuncias, 68 de las cuales se acumularon a expedientes ya iniciados por tratarse de hechos idénticos; tres fueron remitidas a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y otras tres al Instituto Electoral de la Ciudad de México; 6 expedientes se declararon concluidos.
138 denuncias se enfocaron a delegaciones, 32 a dependencias y órganos desconcentrados y 45 a entidades.
Sobre los rubros denunciados, destacan 100 sobre presunto uso indebido o desvío de recursos públicos; 61 de probable uso indebido de programas sociales; 64 de servidores públicos que habrían realizado o apoyado actos proselitistas; tres sobre solicitud indebida de credencial del INE a cargo de un servidor público; un caso de condicionamiento de ayuda a cambio del voto y otro más de un particular vinculado con falta administrativa grave.
