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El juez del Tribunal Supremo que instruye la causa abierta por el proceso secesionista en la región de Cataluña anunció hoy la suspensión de cargo público de los cinco diputados catalanes que están en prisión preventiva así como del ex president Carles Puigdemont, huido en Alemania.
Todo ellos están procesados por rebelión y otros delitos por su papel protagonista en el proceso soberanista impulsado en Cataluña y que culminó con una declaración ilegal de independencia del Parlamento autonómico el 27 de octubre de 2017, anulada posteriormente por el Tribunal Constitucional español.
El juez Pablo Llarena ha comunicado esa suspensión a la Mesa del Parlamento catalán – su órgano rector – y lo ha hecho en virtud de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Esta ley prevé que una vez el procesamiento sea firme y se decrete la prisión provisional por un delito relacionado «con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes», aquel procesado que ostente un cargo público quedará «automáticamente suspendido» en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión.
Llarena dio hoy por cerrada la instrucción del sumario, a la espera de fijar fecha para el juicio.
Además de Carles Puigdemont, ¿quiénes son los afectados por esta decisión?
La medida de suspensión de cargo afecta a los cinco diputados autonómicos en prisión (Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sànchez), al igual que a Carles Puigdemont, pero no así al ex conseller fugado en Bélgica Antoni Comín, que tiene pendiente su recurso al auto de procesamiento.
Con el final de la instrucción de la causa del proceso secesionista el juez Llarena ha declarado en rebeldía a los procesados que se encuentran huidos, incluido el expresident Puigdemont, que serán investigados en otra pieza separada.
Lo que ha hecho el magistrado del Supremo es concluir el sumario de la causa respecto de los procesados no fugados.
Respecto a los que están huidos de la justicia (Carles Puigdemont, Antoni Comín, Lluis Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Marta Rovira y Anna Gabriel) los declara en rebeldía y se suspende el curso de la causa respecto a ellos, que quedarán en otra pieza separada mientras no se encuentren a disposición del juez.
La suspensión de cargo obligará a los diputados a dejar su escaño autonómico y ser reemplazados por los siguientes de las candidaturas con las que se presentaron a los comicios regionales de diciembre pasado, en los que las fuerzas soberanistas lograron la mayoría parlamentaria.
