Cinco países latinoamericanos y Canadá hicieron hoy oficial una petición para que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) investigue supuestos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Los cancilleres de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá presentaron en los márgenes de la Asamblea General de la ONU una carta sellada ayer por los líderes de sus respectivos países solicitando la intervención de la Corte con sede en La Haya.
La misiva, remitida este miércoles a la CPI, va acompañada de informes elaborados por expertos internacionales.
Entre esos documentos, que ya son públicos, figura un informe elaborado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OACDH), en el que se documentan ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias en el marco de las protestas antigubernamentales de entre abril y julio de 2017.
Crímenes de lesa humanidad en Venezuela
También otro redactado por un grupo de expertos designado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que concluyó que existía un «fundamento razonable» para considerar que once individuos, entre ellos el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y miembros de las Fuerzas Armadas, supuestamente habían cometido crímenes de lesa humanidad.
El canciller peruano, Néstor Popolizio, destacó que, de comprobarse varios de los elementos contenidos en esos documentos, «quedarían claramente configurados los crímenes de lesa humanidad».
Popolizio insistió en que en Venezuela «no solo no existe la democracia, sino que impera un mecanismo de dictadura».
Su homólogo chileno, Roberto Ampuero, insistió en que los informes son «sólidos y contundentes» y «muestran de manera muy seria y documentada las denuncias de delitos de lesa humanidad en Venezuela».
«Las violaciones a los derechos humanos en Venezuela deben terminar y las que han ocurrido deben ser investigadas para establecer, con la mayor claridad, quiénes son los responsables, también en términos individuales», dijo a los periodistas.
La Fiscalía de la CPI ya comenzó, por iniciativa propia, un examen preliminar a Venezuela el pasado febrero, paso previo a la eventual apertura de una investigación formal.
La denuncia conjunta no abrirá automáticamente una investigación plena por parte del tribunal internacional, ya que ese paso depende de la Fiscalía del tribunal, que actúa de manera independiente.
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