Existe otra denuncia por tráileres de la muerte

La contralora estatal, Teresa Brito, reconoció que desde marzo se detectaron irregularidades en el manejo de los cuerpos dentro del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

Por Héctor Escamilla

La titular de la Contraloría del Estado, Teresa Brito, reveló que se interpuso una segunda denuncia penal por el manejo que se hizo de los cuerpos colocados en cajas de tráilers en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).

Hace tres semanas, la misma funcionaria señaló que tras analizar los testimonios de 18 personas implicadas, entre funcionarios y proveedores, se presentó la primera denuncia en la Fiscalía Anticorrupción, luego de descubrirse anomalías en el arrendamiento de las unidades donde se colocaron los cuerpos.

La segunda denuncia fue presentada posterior a indagar el proceso de entrega recepción del Instituto,  con la salida de Octavio Cotero Bernal el 17 de septiembre.

La investigación fue solicitada por la Secretaría General de Gobierno y se detectaron fallos importantes en el proceso del manejo de los restos humanos.

“Al no ser tomadas en cuenta de alguna manera alteraron lo que es la cadena de custodia, y ahí, esto a la postre también vino a alterar insisto los derechos humanos post mortem de estas personas”.

Las pesquisas hasta el momento han revelado que la unidad de Protección Civil entregó en marzo un informe donde advertía sobre las fallas en el resguardo de cadáveres.

Se informó también que investigan los nombres que aparecen en las únicas facturas que se emitieron a favor de dos empresas que presentaron el servicio de cajas de refrigeración.

Reconocen los costos de la renta de las cajas de tráiler

Aunque no existen facturas, ni comprobantes y hay total opacidad en la documentación, la fiscal general, Marisela Gómez Cobos reconoció que la Fiscalía pagó por la renta de los tráileres un total de 222 mil 140 pesos por concepto de arrendamiento pagados en el 2016, así como 528 mil pesos de diesel.

La funcionaria agregó que en 2017 y 2018 no se efectuaron pagos a la empresa proveedora del servicio.

Destaco de Gómez Cobos que existe una investigación en el área de Visitaduría y otra investigación en el área de Contraloría del Estado para deslindar responsabilidades penales en caso de detectarse malos manejos en la operación de las unidades.

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