Sale de prisión Arturo Bermúdez, ex secretario de Seguridad de Javier Duarte

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, y la Fiscalía General del Estado (FGE) condenaron que el ex secretario de Seguridad Pública durante la administración de Javier Duarte, Arturo Bermúdez, acusado por el delito de desaparición forzada, fuera liberado del penal de Pacho Viejo.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal señaló directamente al fiscal general, Jorge Winckler Ortiz, de negociar la reducción de penas con el acusado.

Puedes leer también: Ex tesorero de Duarte continuará proceso por peculado en libertad 

“Tenemos información precisa de que fue el fiscal general del estado, Jorge Winckler Ortiz, quien negoció con Bermúdez Zurita acusarlo sólo por el delito de desaparición forzada, el cual lamentablemente no es considerado grave en el estado de Veracruz”, expresó.

Acusó que a Arturo Bermúdez se le ofreció su ingreso a la cárcel para que posteriormente pudiera salir, siempre y cuando cooperara con lo que entre ellos llamaron “pruebas de amor”, como la supuesta entrega de una casa en Estados Unidos, para ser usada en tiempos electorales.

García Jiménez dijo que se investigarán dichos señalamientos y convocó a la sociedad veracruzana a opinar si el fiscal Winckler Ortiz debe continuar en el cargo.

Además, anunció que no asistirá al desayuno que lo había invitado el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Edel Humberto Álvarez Peña, “hasta cerciorarme si él también está involucrado en estos aberrantes hechos”.

Por su parte, la FGE, en un comunicado, señaló que dentro de la carpeta de investigación en contra del ex funcionario existen testimonios de víctimas sobrevivientes, testigos presenciales, dictámenes técnicos y periciales, así como evidencia documental de las desapariciones forzadas.

En este sentido, la Fiscalía consideró que la única medida cautelar posible es la prisión preventiva.

En las medidas cautelares impuestas al ex secretario, mencionó, se determina la presentación periódica semanal, la garantía de un millón de pesos y la prohibición de acercarse a víctimas y testigos, que en la opinión de la Fiscalía no asegura la integridad de estos últimos.