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Japón aprobó hoy una controvertida reforma que abre el debate público sobre los frecuentes abusos laborales contra inmigrantes y sus problemas de integración, en un país cada vez más necesitado de mano de obra foránea.
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Tras un largo proceso de deliberación, el Parlamento nipón ratificó una reforma legislativa que ha sido criticada por toda la oposición en bloque y por organizaciones defensoras de los derechos humanos, al considerar que precarizará aún más la situación de los inmigrantes poco cualificados.
La normativa supone un giro notable en la restrictiva política migratoria del país asiático, cuya historia está marcada por el hermetismo ante la entrada de extranjeros, y fue ideada por el Gobierno del conservador Shinzo Abe para mitigar la acuciante falta de mano de obra.
Se trata de ampliar el llamado programa de formación técnica para trabajadores extranjeros, en el marco del cual se conceden visados temporales a inmigrantes empleados en sectores especialmente afectados por la escasez laboral como la construcción, los servicios, la agricultura, la industria o la sanidad.
Esto permitirá la entrada en el país de unos 345 mil inmigrantes durante los próximos cinco años, que se sumarán a los 480 mil llegados a Japón entre 2013 y 2017 dentro de dicho programa, la mayoría de ellos procedentes de China o del sudeste asiático.
El Gobierno defiende la utilidad de este esquema para subsanar la carestía de mano de obra en el actual contexto de baja natalidad y acelerado envejecimiento demográfico, y afirma que, además, servirá para «transferir conocimientos técnicos» a países vecinos en vías de desarrollo.
Sus detractores, entre ellos la principal fuerza de la oposición, el progresista Partido Constitucional Democrático, y diversos académicos y expertos legales, señalan que se trata de un sistema de explotación encubierta.
La reforma extenderá el actual periodo permitido de residencia para trabajadores extranjeros poco cualificados desde tres hasta cinco años y ampliable a un máximo de diez, pero sin permitir a los inmigrantes trasladar a sus familias a Japón y manteniendo barreras casi insalvables para concederles el estatus de residentes permanentes.
El programa original, puesto en marcha en 1993, permite a los inmigrantes trabajar en Japón bajo unas condiciones muy inferiores a las de un empleado regular, y en la mayoría de los casos, con la mediación de agencias que gestionan sus trámites legales y su entrada en el país a cambio de un prolongado endeudamiento.
«El sistema fue diseñado inicialmente como una forma de contribuir a la comunidad internacional… Pero es evidente que esto es una mentira, y que ha sido utilizado para obtener mano de obra barata», señaló el abogado laboralista Shoichi Ibusuki, en un encuentro con medios.
Según este letrado, los inmigrantes que participan en el programa cobran sueldos tan bajos como 300 yenes por hora (unos 3,2 euros y menos de la mitad del sueldo mínimo en Japón) y trabajan hasta 60 horas mensuales por encima del tope legal, lo que da lugar a frecuentes accidentes laborales, entre otros abusos.
En los últimos dos años, 69 extranjeros que trabajaban en el marco de este sistema murieron a causa de suicidios, accidentes laborales o enfermedades, según un informe del Ministerio de Justicia sacado a la luz por la oposición durante la tramitación de la reforma legislativa.
Para Ibusuki, quien ha representado a inmigrantes en decenas de juicios por abusos laborales, Japón «debería crear un nuevo marco legal y adaptarlo a estándares internacionales», en lugar de extender un programa «que da lugar a numerosas violaciones» de los derechos humanos.
«Es inaceptable un sistema que solo permite a los extranjeros ser usados como mano de obra, y que les envía de vuelta a sus países al terminar sus contratos y expirar sus visados», dijo por su parte el profesor de Sociología de la Universidad de Osaka Sachi Takaya, en su intervención en un panel de expertos durante el debate parlamentario.
La reforma legislativa también incluye un nuevo tipo de visado para extranjeros con alta cualificación profesional, para los cuales será más fácil renovar indefinidamente sus periodos de estancia y a quienes sí se permitirá reunir a sus familias en Japón.
Las voces críticas señalan asimismo que en Japón no existen políticas que faciliten la integración de los inmigrantes, ni que les garanticen representación sindical o protección legal pese al número creciente de extranjeros residentes.
En Japón había 1,28 millones de trabajadores extranjeros en 2017, lo que representa un 2 por ciento de la mano de obra total y el doble que cinco años antes, según datos del Ejecutivo, unas cifras que aumentarán previsiblemente con la entrada en vigor de la nueva normativa el próximo abril.
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