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Falso que haya sueldos de 600 mil pesos: SCJN

Los magistrados y jueces han sido señalados como los que perciben las nóminas más altas de la administración pública nacional.

Ante la polémica sobre los altos sueldos que perciben magistrados y jueces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció al respecto a través de su cuenta oficial de Twitter.

En el breve mensaje negó que el personal del Poder Judicial de la Federación (PJF) obtenga recursos de mensuales que superen los 600 mil pesos mensuales como lo ha señalado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

La semana pasada la SCJN ordenó la suspensión de la aplicación de la Ley de Remuneraciones de Funcionarios Públicos que había impulsado López Obrador.

Ordenamiento que ha registrado más de 800 amparos que engloban a más de cuatro mil trabajadores de dependencias federales que se niegan al recorte salarial prometido desde la campaña por el político tabasqueño.

Argumento legal

El miembro de la Barra Mexicana de Abogados y Fundador de Alta Dirección Jurídica, Luis Hernández Martínez, consideró que los sueldos altos en la administración pública o en la iniciativa privada obedecen a  circunstancias particulares de la actividad que se realiza, así como al entorno donde el trabajo se lleva a cabo.

En una entrevista con Publimetro, dijo que en el caso concreto de los sueldos o remuneraciones de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación es muy importante no generalizar y revisar los casos concretos.

¿Cómo se justifican los altos salarios?

–Porque existen decenas de puestos que cuentan con salarios muy bajos con respecto a la carga de trabajo, responsabilidad y/o productividad. También tenemos un puñado de puestos cuya remuneración puede ser sometida a una revisión con base en indicadores claves de desempeño que otorguen una justificación cuantitativa al salario mensual que actualmente reciben.

Aquí vale la pena mencionar que resulta equivocado relacionar la independencia judicial con la percepción salarial. Si bien es cierto que el trabajo y el salario tienen que ser dignos, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), también es verdad que llega un punto al interior de cualquier organización, pública o privada, que un salario alto puede convertirse en un incentivo perverso para que el trabajador, empleado, directivo y/o funcionario lleven a cabo las conductas que su ética y/o moral le permitan para no perder, ni el puesto de trabajo, ni el sueldo.

Una revisión salarial nunca sobra, y menos si considera el contexto organizacional, la competitividad y la productividad de los puestos analizados. Pero, de llevarse a cabo, tiene que ser con base en indicadores clave de desempeño y respetando la dignidad de las personas. Considerando sus derechos humanos. Cuidando, además, que no exista una ley que se aplique de manera retroactiva en perjuicio de persona ninguna o que violente la separación de poderes.

¿Esta justificada de alguna manera la resistencia que presentan algunos?

–Es un tema delicado. Tenemos que cuidar que la independencia de poderes no signifique conservar privilegios como salarios que no respondan al contexto económico de la organización revisada o, pero aún, que conserven prácticas perversas como el nepotismo o la contratación por afinidad, camaradería o ideologías partidistas.

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