Jorge Fernández, marido de la española asesinada en México Pilar Garrido, fue declarado hoy culpable de feminicidio tras un largo y complejo proceso judicial, una sentencia que la defensa ya ha anunciado que recurrirá.
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«La decisión del Tribunal de Enjuiciamiento a la sentencia fue unánime. Y el número de años de condena se determinará el lunes en otra sesión, enfrentando una pena de 40 a 50 años», dijo a Efe el portavoz de Seguridad del nororiental estado de Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez.
La audiencia para dictar sentencia comenzó puntual, a las 08.00 hora local (14.00 GMT), en la sala C del Centro Integral de Justicia de Ciudad Victoria, capital estatal, y se alargó durante casi tres horas por las consideraciones del juez.
«Fue un fallo muy desafortunado, con sentencia condenatoria», explicó a Efe el abogado defensor Jesús Eduardo Govea, que anticipó que se recurrirá el veredicto a una instancia superior.
Española asesinada en México
Garrido, valenciana de 34 años, desapareció el 2 de julio de 2017 cuando viajaba con su marido y su bebé en su automóvil de regreso a Ciudad Victoria, en el nororiental estado de Tamaulipas, tras pasar unos días en la playa.
A finales de julio se encontraron restos óseos y jirones de ropa en un paraje cercano al lugar de la desaparición, y 15 días después las pruebas de ADN permitieron identificar a la valenciana.
Aunque en un primer momento se creyó la versión del marido, que aseguraba que había sido secuestrada por dos hombres armados, el caso dio un vuelco cuando la Fiscalía estatal detuvo a Fernández el 29 de agosto de 2017, alegando contradicciones en sus declaraciones.
La Fiscalía de Tamaulipas acusó al marido de matar a la española mediante «asfixia por estrangulamiento», y a lo largo del juicio, que arrancó el 30 de agosto de 2018, desfilaron desde testigos que alegaron presenciar malos tratos hasta expertos en ciencias forenses y antropólogos para sustentar esta versión.
Juicio
Por su parte, los abogados de Fernández defendían la inocencia del marido, natural de Tamaulipas, alegando inconsistencias en las pruebas aportadas por la Fiscalía y la imposibilidad de determinar realmente las causas de la muerte de la española.
Esta misma semana, Rosa María y Raquel, madre y hermana de Pilar Garrido, testificaron por videoconferencia en favor del marido, describiendo un entorno familiar positivo en el que nunca habían presenciado malos tratos.
El propio sentenciado, en entrevista en exclusiva con Efe el pasado agosto, defendió su inocencia. Aunque, ferviente devoto desde que entró en prisión en agosto de 2017, dejó en la «voluntad» de Dios su propio destino y su «sed de justicia».
La familia de Fernández se encuentra desolada tras el resultado de este juicio, que ha padecido serios reveses desde que se inició con el abandono de varios abogados defensores, que denunciaron que la Fiscalía los amenazaba con destapar un antiguo suceso que podía empañar su nombre.
El asesinato a mano armada de uno de los jueces del tribunal y una de las fiscales a mediados de diciembre pasado en las calles de Ciudad Victoria también retrasó el desarrollo del proceso judicial, aplazando la sentencia a enero, y visibilizando la severa inseguridad que padece este estado.
Entrevista al padre del acusado
«Esto es un circo romano horrible. Incluso el juez relator al leer la (sentencia) leyó solo las pruebas de los fiscales e incluso aporto más», declaró a Efe Jorge Fernández padre, que consideró que este caso refleja la situación en el estado.
«Es un mugrero, está podrido», clamó.
El padre del sentenciado explicó que, tras darse a conocer la condena, su hijo se giró y pidió a sus padres calma, asegurando que no hay que «perder la fe».
Fernández padre anunció que, con el equipo de abogados, se apelará la sentencia a todas las instancias posible, también a nivel federal.
Y a su vez, exigió seguridad a las autoridades de Tamaulipas, pues teme por la vida de su hijo y la suya propia.
«Quieren tapar el sol con un dedo, y quedar bien con el Reino de España, cerrando el caso de un carpetazo», concluyó.
Govea puntualizó que se va a apelar a la instancia superior del Tribunal de Enjuiciamiento, que es el Supremo Tribunal de Justicia del estado.
Primero hay que agotar el proceso ordinario, y en caso de resultar adversos futuros fallos, se podría proceder a un medio de control constitucional con un juicio de amparo a nivel federal, apuntó.
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