El fiscal general de Venezuela solicitó el martes al Tribunal Supremo de Justicia prohibir la salida del país al líder opositor Juan Guaidó e iniciar un proceso en su contra, en momentos que la comunidad internacional incrementa la presión contra el presidente Nicolás Maduro.
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El fiscal Tarek William Saab también pidió congelar los activos de Guaidó, quien ha recibido el reconocimiento como mandatario interino de varios países, incluido Estados Unidos y una docena de naciones latinoamericanas.
Además, solicitó que se le prohíba al también líder de la Asamblea General enajenar y gravar bienes. Apenas unas horas antes, el gobierno de Estados Unidos anunció que permitiría a Guaidó controlar los activos venezolanos que se encuentran en la Reserva Federal de ese país.
Saab justificó la solicitud de las acciones contra el presidente del Congreso alegando que busca permitirle al Ministerio Público desarrollar una «investigación preliminar» contra Guaidó, al que señaló de haber encabezado una serie de acciones que desencadenaron “diversos acontecimientos violentos” a partir del 22 de enero y que llevaron a que países extranjeros pidieran medidas de congelamiento de activos del estado venezolano.
Las acciones del fiscal, un ex militante del partido oficialista, representan una nueva escalada en el enfrentamiento entre el gobierno y la mayoría opositora de la Asamblea Nacional, que ha solicitado a Estados Unidos y otros de la región y Europa la protección de los activos de estado venezolano, lo que podría bloquearle el acceso al presidente Nicolás Maduro a bienes públicos.
“No desestimo las amenazas y la persecución en este momento”, afirmó Guiadó al ser preguntado sobre las acciones del fiscal general, y dijo que seguirá ejerciendo sus funciones con las competencias que le da la Constitución para atender la emergencia humanitaria y proteger los activos de Venezuela. “Nada nuevo bajo el sol”, agregó.
Poco antes que Saab hiciera los anuncios, el dirigente opositor le envió un mensaje a los magistrados exhortándolos a no “sacrificarse” con Maduro. “El régimen está en su etapa final. !Esto es indetenible y ustedes no tienen que sacrificarse con el usurpador”, dijo el político, de 35 años, en su cuenta de Twitter.
En tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió el martes una advertencia a sus ciudadanos para que «no viajen» a Venezuela ante los desórdenes y posibilidad de detención arbitrarias a los estadounidenses.
El gobierno de Maduro sufrió un duro golpe a sus comprometidas finanzas luego que el Departamento del Tesoro anunciara el lunes una nueva ronda de sanciones contra Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) que limitarán el acceso a aproximadamente 7.000 millones de dólares en activos de la corporación.
En una primera reacción Maduro anunció que su gobierno emprenderá acciones políticas y legales ante tribunales estadounidenses y del mundo para defender la propiedad de Citgo, filial estadounidense de PDVSA, y acusó al mandatario Donald Trump de «buscar robar» esta empresa a Venezuela.
A los comentarios del gobernante izquierdista se sumó el ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, que consideró las sanciones como un «robo descarado» de Washington y una «acción traicionera» de la oposición. «Están Pagándole al Diablo con Petróleo Venezolano», dijo el directivo en un mensaje que difundió en su cuenta de Twitter.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, certificó el martes a Guaidó para que tome el control de las cuentas bancarias que tiene el gobierno de Venezuela en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York o en cualquier otro banco asegurado por los Estados Unidos. Pompeo expresó en un comunicado que la certificación «ayudará al gobierno legítimo de Venezuela a proteger esos activos» en beneficio de los venezolanos.
Sobre las consecuencias inmediatas que podrían acarrear las nuevas sanciones, el economista Asdrúbal Oliveros, director de la firma local de análisis económico Ecoanalítica, afirmó que de no darse una solución política pronto Venezuela enfrentará «graves problemas de combustible» debido a que gran parte de los aditivos que utiliza PDVSA para producir la gasolina vienen de Estados Unidos.
Debido a la caída de la producción, que ronda 1,2 millones de barriles diarios, y los problemas financieros y operativos la corporación petrolera viene arrastrando desde hace varios meses algunas dificultades para producir y surtir de gasolina a Venezuela donde casi la totalidad del traslado de alimentos y otros bienes se realiza por transporte terrestre, y existen varias plantas termoeléctricas que depende del combustible para sus operaciones.
Oliveros dijo a The Associated Press que ante el «estado de vulnerabilidad» en el que se encuentra la economía, los efectos de las sanciones «no van a tardar en manifestarse».
El analista explicó que entre 80% y 90% de los ingresos por divisas libres que recibe el gobierno vienen de unos 500 mil barriles diarios que se vende a Estados Unidos, y dijo que de cortarse esas entradas la administración de Maduro quedará muy limitada para importar alimentos y otros bienes y cubrir su poca operatividad externa, lo que agravará aún más los problemas de escasez de productos básicos y la recesión.
Además del mercado estadounidense PDVSA tiene entre sus principales clientes a China (al que le vende más de 300 mil barriles diarios), pero el petróleo que se exporta al gigante asiático está comprometido en el pago de una deuda de unos 21 mil millones de dólares.
Venezuela enfrenta el complejo panorama en medio de una profunda crisis económica con una desbordada hiperinflación de siete dígitos, y una severa recesión y escasez de alimentos, medicinas y otros bienes básicos.
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