La cacería contra capos de Tepito desata ola de arrestos de consumidores

La persecución de La Unión hizo que crecieran los aseguramientos de drogas, pero otros afectados fueron los 7 mil procesados por sobrepasar la portación legal mínima

Por VICE

Agentes de la Policía Federal detuvieron hace unos días a Brayan Mauricio “N” por posesión de metanfetamina con fines de comercio. Las autoridades identificaron a “El Pozoles” como uno de los peligrosos líderes de La Unión de Tepito, el grupo criminal que controla el mercado de narcóticos en la Ciudad de México.

Con su arresto, ocurrido en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, ya son más de 20 detenciones de personas vinculadas con la banda capitalina desde 2016, cuando fue señalada como protagonista de la venta de drogas y la violencia en la ciudad más poblada de México. Sin embargo, desde que comenzó el seguimiento en contra de La Unión, lejos de mermar su estructura y detener el flujo de drogas, se desató una persecución contra consumidores de drogas en la Ciudad de México, de acuerdo con datos oficiales analizados por VICE.

De las 10 mil averiguaciones previas abiertas por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina entre 2016-2018 por el delito de narcomenudeo, el 77 por ciento (7 mil 745) corresponden a posesión simple, es decir, consumidores que sobrepasaron la portación legal mínima. Mientras que solo el 13 por ciento fueron procesadas como posesión con fines de venta, comercio y suministro.

Tan solo en el primer mes de 2019, la PGJ ha abierto 474 carpetas de investigación por narcomenudeo, de las cuales el 87 por ciento son por posesión simple.

De acuerdo con el Artículo 479 de la Ley General de Salud, no se ejercerá acción penal a quien se encuentre en posesión de una dosis máxima de “consumo personal e inmediato” de drogas como mariguana (cinco gramos), cocaína (500 miligramos), metanfetamina (40 miligramos), heroína (40 miligramos) y otras cuatro sustancias enlistadas en una tabla.

Crónica de una cacería

La Unión estaba bajo sospecha desde 2013, cuando algunos integrantes fueron ligados con el asesinato de un narcomenudista en la colonia Condesa, así como en el secuestro, desaparición forzada y asesinato de 13 jóvenes raptados en el Bar Heaven de la Zona Rosa. Pero en abril del 2016, las autoridades capitalinas los identificaron como el grupo que controlaba la venta de drogas en la Ciudad de México, además de otros delitos como extorsión y cobro por derecho de piso a comerciantes.

Para ese momento, el entonces jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera seguía negando la existencia de cárteles en la CDMX. Fue el exalcalde de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, quien aceptó que la delincuencia organizada operaba en la capital. Su declaración estaba apoyada en reportes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), donde aseguraban la presencia de cinco cárteles: Sinaloa, Los Zetas, El Golfo, Jalisco Nueva Generación y los Beltrán Leyva.

Lejos de combatir la presencia de estas mafias, las autoridades capitalinas y federales colocaron al grupo tepiteño como su objetivo prioritario en la CDMX. Con la captura en agosto del 2016 de Francisco Hernández (Pancho Cayagua), líder y fundador de la organización denominada como La Unión, comenzó un violento reacomodo que dejaría a 20 supuestos integrantes detenidos y otros cinco acribillados, incluido el propio Cayagua.

Entre las personas capturadas destacan Roberto Moyado, “El Betito”, quien asumió el mando tras la captura de Hernández; David García, “El Pistache”, líder de narcomenudistas en la colonia Condesa; Mauricio Peralta, “El Ahuatl”, ubicado como tercero al mando y Alexis Figueroa, “El Tyson”, un presunto sicario, quien estuvo preso, pero salió por falta de pruebas.

Con la reciente detención de “ El Pozoles” –principal sospechoso de dos feminicidios cometidos contra mujeres de Venezuela y Argentina dedicadas al modelaje y con quienes mantuvo una relación sentimental, además de una tercera que continúa en calidad de desaparecida– ya son 20 los integrantes de La Unión detenidos desde 2016. Actualmente las autoridades buscan a Víctor Ávila, “El Huguito”, a quien señalan como el nuevo líder de La Unión, ahora involucrada también con la trata de personas y despojo de predios.

Desde que las autoridades capitalinas indicaron la existencia de este grupo, en la Ciudad de México se ha vivido una cacería que lleva más de 7 mil consumidores de drogas criminalizados y 2 mil narcomenudistas de poca monta detenidos.

A mediados de 2018 el periódico Reforma publicó que, a pesar de la negativa oficial, vínculos entre grupos criminales de la Ciudad de México y Cárteles de influencia nacional ya habían sido reportados por la DEA desde 2015. José Ramón Amieva, entonces jefe de Gobierno, tuvo que reconocer esas alianzas: “Tenemos conocimiento que se han vinculado o relacionado con otros grupos que ejercen el narcotráfico a nivel nacional”, declaró.

Es el modelo prohibicionista, estúpidos

De acuerdo con el índice delictivo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), desde que comenzó la persecución frontal en contra de La Unión en 2016 y hasta finales del 2018, las denuncias por narcomenudeo subieron en la CDMX más del 300 por ciento, cuando pasaron de mil 400 hasta 5 mil 971 averiguaciones previas.

De las casi 6 mil detenciones, la PGJ detalla que la mayoría fueron por posesión simple. En ese periodo las carpetas de investigación muestran que el delito de narcomenudeo con fines de venta, comercio y suministro subió 115 por ciento, mientras que los detenidos por posesión simple aumentaron en más del 500 por ciento, según la información contenida en el Portal de Datos.

Esta crecida en las detenciones por narcomenudeo también puede apreciarse en la colonia Morelos donde se ubica el mercado de Tepito y en la alcaldía Cuauhtémoc a la que pertenece. Los datos oficiales señalan que en la mítica colonia del centro capitalino este delito subió en más de mil 200 por ciento en ambas modalidades, aunque el 88 por ciento de las 512 carpetas corresponden a posesión simple.

En la demarcación Cuauhtémoc, gobernada desde 2015 por Morena, las denuncias por venta de drogas a baja escala también registraron una fuerte subida: 380 por ciento en los últimos tres años.

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